Cambios de abogados en el último momento, certificados por COVID, recusaciones y excusas de los jueces e inasistencias. Son los principales motivos por los que en 2021 no se dieron 76.141 audiencias de las 174.919 convocadas en el ámbito penal.

Significa que el 43,5 % de las diligencias en el país se postergó, según la Fiscalía. Los datos, aunque fríos, muestran uno de los tantos problemas que atraviesa la Función Judicial ya que en 2017 únicamente el 3 % de audiencias se declaran fallidas. A su vez esto revela la pérdida de millones de dólares en recursos públicos.

Según el Consejo de la Judicatura, en 2012 el 29 % de las diligencias en el ámbito penal no se realizaban. En ese tiempo equivalía a $ 41,4 millones en pérdidas. Si ajustamos el cálculo al año pasado representa $ 58,6 millones desperdiciados por audiencias que no se dan.

El jueves estaba previsto que se instale, en Quito, la audiencia de juzgamiento en el caso denominado Las Torres. A la Corte Nacional llegaron más de 30 funcionarios públicos entre ellos, jueces, la fiscal Diana Salazar, sus asistentes y asesores; personal de la Procuraduría y abogados de Petroecuador.

Los auxiliares de servicios de la Fiscalía y de la Corte se encargaron de movilizar más de 30 cajas en donde se guardan los expedientes. Hubo asistentes técnicos de audio y video, secretarios judiciales y personal de comunicación.

Todo este despliegue, que acarrea el pago de horas de trabajo, fue en vano porque al final la audiencia no se realizó por problemas para completar el tribunal, tras la recusación de la jueza Daniella Camacho.

Del total de audiencias fallidas, 6.800 fueron diferidas por pedido de la Fiscalía, ya que cruzaban con otras diligencias previamente dispuestas y 69.341 se aplazaron por pedido o por incidentes con otras partes procesales.

El 28 de enero no se realizó una audiencia en el caso de asociación ilícita en contra de Sebastián Yunda, hijo del alcalde removido Jorge Yunda. El argumento fue el cambio de abogado del procesado Christian Hernández Yunda en el último momento.

De nuevo: juez, secretario, asistente técnico, coordinador de audiencias, fiscal, asesores y abogados se dieron cita a la hora señalada. Allí el defensor pidió tiempo para estudiar el caso y alegó el derecho de los imputados a una adecuada defensa y a un defensor de confianza. Tras una hora de trabajo perdido, el juez aceptó el pedido del abogado y difirió.

Lo mismo ha pasado en los casos Singue, Bucaram, Ola Bini, caso Yunda (compra de test para coronavirus) e Isspol.

En este último incluso se usó una leguleyada que fue denunciada por el Instituto de Seguridad Social de la Policía como deslealtad procesal.

En febrero se intentó separar a la jueza Gianella Noritz del caso. La estrategia que se usó fue colocar a su primo como parte de la defensa de la procesada Oriana Rumbea, exgerente del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores. Luego se dijo que por el parentesco no era una juez imparcial.

Más emblemático aún es el juicio por lesa humanidad en contra del excomandante de la Policía, Édgar Vaca, y otros uniformados. Desde 2016 no se puede iniciar el juicio por múltiples diferimientos.

• Más insumos

En el país, los jueces de primer nivel ganan $ 4.000 al mes, de segundo nivel $ 4.500 y los de la Corte Nacional $ 5.600. A los pagos de los salarios, por audiencias fallidas, el Consejo de la Judicatura debe sumar los gastos operarios: papelería, luz, internet, notificaciones a través de la prensa, etc.

• Sistema oral

El sistema oral que desde 2001 rige en el país tiene como objetivo acelerar los tiempos de resolución. Sin embargo, las sentencias demoran también por la falta de equipos. Los funcionarios dicen que tienen grabadoras de voz obsoletas y no hay suficientes salas de Zoom para audiencias virtuales.