4.200 personas siguen en albergues

Todavía hay tareas pendientes. A casi once meses del terremoto, el Gobierno aún tiene operativos 18 albergues. En total, cerca de 4.200 personas viven en espacios administrados por el sector público.

De los 18 centros, 13 están en Manabí y el resto en Esmeraldas. Tras el terremoto del 16 de abril, se abrieron 33 albergues. Es decir, aún está operativo el 54 %.

Según la ministra de Inclusión Económica y Social, Lídice Larrea, el cierre de los albergues no es sencillo y debe hacerse cumpliendo varios requisitos. Uno de los más importantes es que los refugiados tengan un lugar con condiciones adecuadas para vivir.

Eso se está cumpliendo según lo planificado, asegura la exasambleísta por Alianza PAIS. En conversación con EXPRESO, Larrea asegura que llegaron a tener más de 8.000 familias albergadas en las dos provincias.

Esa cantidad, admite, generó un costo significativo. Al menos 15,1 millones de dólares se han usado en alimentación de los damnificados y en el pago al personal del Ministerio que trabaja en las zonas afectadas por el terremoto de 7,8 grados.

En ese rubro se incluye, por ejemplo, el pago a gestores sociales que acompañan a las familias en su proceso de readaptación a la vida cotidiana.

Larrea es optimista. Ella espera que, hasta el fin de la gestión de Rafael Correa, todos los albergues estén cerrados y las personas perjudicadas tengan un lugar donde vivir.

El ministro coordinador de Seguridad, César Navas, es menos ambicioso. El lunes, Navas dijo que hay sectores en los que el trabajo se extenderá aún después del 24 de mayo. Puso como ejemplo a Muisne. Según el funcionario, ese cantón tuvo que ser reconstruido en su totalidad y, por eso, se tardó más que en otros poblados. Él espera que, hasta julio, se terminen las obras en el sector.

Hasta la salida de Correa, agregó, se podrán cerrar máximo ocho albergues más. Quedarían, según sus cálculos, menos de 1.000 personas por atender.

¿Por qué la tardanza? Al problema de reconstrucción se suma, coinciden los ministros, la entrega de las viviendas en las condiciones necesarias. Esa es responsabilidad del Ministerio de Vivienda.

Para la construcción de casas, el Gobierno utiliza bonos financiados con préstamos y recursos de organismos internacionales. Para la reconstrucción, además, se usaron los fondos de la ley de Solidaridad que, a la fecha, ha generado 1.154,8 millones de dólares, según los datos de la subcuenta de la Cuenta Única del Tesoro que publica el Ministerio de Finanzas. JMF