Quito

Juan Esteban Guarderas
Juan Esteban Guarderas durante una rueda de prensa el 20 de febrero. Pidió la renuncia del alcalde Pabel Muñoz.Foto: René Fraga / EXPRESO

Juan Esteban Guarderas: ¿Quién es el hombre que busca la renuncia de Pabel Muñoz?

Juan Esteban Guarderas es uno de los denunciantes que el 20 de febrero de 2024 pidió la renuncia de Pabel Muñoz

Juan Esteban Guarderas es uno de los denunciantes que el 20 de febrero de 2024 pidió la renuncia del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por un presunto delito electoral. 

En rueda de prensa aclaró que la denuncia la interpuso como un ciudadano común, no como funcionario público. Guarderas es vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) desde el 2023.

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Esteban Guarderas es un activista político. De acuerdo con información de la institución, es licenciado en Derecho y tiene un máster en Finanzas y Estrategia.

Pabel Muñoz

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En cuanto a su experiencia laboral, se desempeñó como director de la Fundación Lucha Anticorrupción. Fue asesor en el Consejo Nacional Electoral en 2018, 2020 y 2021. También colaboró en la Organización Diálogo Diverso y consultor en la Fundación Esquel. 

Además es catedrático universitario. Es escritor, autor de varios libros y colaborador permanente en diarios y revistas del país.

En el ámbito político, Guarderas tuvo cercanía con la Izquierda Democrática, sin embargo, su militancia no se prolongó por mucho tiempo.

Denunciante de Pabel Muñoz

“Sea valiente y acepte que violó la ley”, dijo Guarderas en una rueda de prensa que se realizó la mañana del 20 de febrero.

En su intervención dijo que para la denuncia se tomó en cuenta las publicaciones en las redes sociales de Pabel Muñoz supuestamente a favor de la campaña a la presidencia de Luisa González.

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“En un vídeo dice que se construirá la Universidad del Sur y solo el alcalde puede hacer eso. Lo ofreció desde su puesto como alcalde”, dijo.

La denuncia se enmarca en el artículo 278, numeral 3 del Código de la Democracia, donde se establece como infracción electoral grave a la inducción del voto por parte de servidores públicos.

Esas infracciones se sancionan con multas desde 11 salarios básicos unificados hasta 20 salarios básicos, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años.

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