Videovigilancia en Ecuador: ¿qué cambiaría con la nueva ley que analiza la Asamblea?
La propuesta busca definir reglas para el uso de cámaras de seguridad, el acceso a grabaciones y el manejo de imágenes en investigaciones
La Comisión de Seguridad Integral inició el análisis de una ley que busca regular el uso de cámaras de vigilancia en Ecuador.
Lo que debes saber
- La Asamblea analiza una ley que regularía por primera vez los sistemas de videovigilancia en Ecuador.
- El proyecto define quién puede acceder a las grabaciones y cómo se protegerán los datos personales.
- También plantea la creación de un sistema nacional coordinado entre entidades públicas y privadas.
La Asamblea Nacional comenzó el tratamiento de un proyecto que podría cambiar la forma en que funcionan las cámaras de seguridad en Ecuador. La iniciativa plantea crear una normativa específica para regular los sistemas de videovigilancia públicos y privados, un ámbito que actualmente no cuenta con una legislación integral.
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El proyecto fue conocido por la Comisión de Seguridad Integral tras su calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL). La propuesta busca establecer reglas sobre instalación, monitoreo, intercambio de información y protección de datos relacionados con las grabaciones.
Durante la sesión, la presidenta de la comisión, Inés Alarcón, señaló:
“Los proyectos de ley relacionados con la seguridad nacional deben ser tratados con la seriedad y responsabilidad que demandan”, manifestó la legisladora.
¿Qué propone la nueva ley de videovigilancia?
Uno de los cambios más importantes es la creación de un Sistema Nacional de Videovigilancia que conecte a las instituciones públicas y a los operadores privados bajo una misma estructura de coordinación.
La propuesta establece que el Ministerio del Interior sea el ente rector de este sistema, mientras que el ECU 911 asumiría las tareas técnicas y operativas relacionadas con el monitoreo y la interoperabilidad.
Según el proyecto, también formarían parte del sistema:
- Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
- Operadores privados registrados.
- Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.
- Entidades públicas que administren sistemas de cámaras.
¿Quién podrá acceder a las grabaciones?
Uno de los aspectos centrales del proyecto es definir cuándo las imágenes podrán ser compartidas o entregadas a las autoridades.
La iniciativa plantea que el acceso a las grabaciones solo sea posible en circunstancias determinadas por la ley, con mecanismos que permitan registrar cada consulta realizada.
Entre los casos contemplados están:
- Órdenes emitidas por jueces.
- Requerimientos de la Fiscalía dentro de investigaciones penales.
- Delitos cometidos en flagrancia.
- Situaciones excepcionales relacionadas con conflictos armados internos.
La propuesta señala que cada acceso deberá quedar documentado para garantizar trazabilidad y control sobre el uso de la información.
Protección de datos y privacidad
El proyecto incorpora disposiciones para evitar el uso indebido de imágenes captadas por cámaras de vigilancia y reforzar la protección de los derechos ciudadanos.
Para ello se incluyen principios como:
- Legalidad.
- Proporcionalidad.
- Finalidad legítima.
- Minimización de datos.
- Confidencialidad.
- Conservación limitada de las grabaciones.
Estos criterios buscan establecer límites sobre la recopilación y almacenamiento de imágenes, especialmente cuando involucren información personal de los ciudadanos.
Las leyes que también serían modificadas
La iniciativa no se limita a crear nuevas reglas para las cámaras de seguridad. El texto propone reformas a varias normas vigentes para articular un sistema nacional de videovigilancia.
Entre ellas figuran:
- Código Orgánico Integral Penal (COIP).
- Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
- Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Con estos cambios, la Asamblea busca abrir el debate sobre un modelo de videovigilancia que combine herramientas de seguridad con garantías para la privacidad y el manejo responsable de la información.
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