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Unidad Popular tendrá que aclarar y completar su queja contra un vocal suplente del CNE
El movimiento político fue cancelado por el organismo electoral y ha emprendido varias acciones contra la decisión. Ahora busca sanción para consejero
Unidad Popular fue cancelada del registro permanente por decisión del CNE.
La organización política Unidad Popular continúa en la disputa jurídica y política tras la decisión del Consejo Nacional Electoral sobre su cancelación del registro electoral. Esta vez, una de sus militantes, Natasha Rojas, presentó una queja ante el Tribunal Contencioso Electoral en contra del vocal suplente José Merino.
El recurso ingresó al TCE el 7 de mayo de 2026 bajo el asunto: “Acción de queja contra el consejero suplente del CNE José Merino Abad”.
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La causa recayó en el juez electoral Joaquín Viteri. El magistrado avocó conocimiento del caso y, antes de pronunciarse sobre el pedido, dispuso que la accionante aclare y complete la queja presentada. Para ello, el TCE concedió a Rojas un plazo de dos días.
Entre los puntos que el juez pidió aclarar consta el cumplimiento de los requisitos previstos en el Código de la Democracia. En particular, solicitó que se acredite el requerimiento previo de la prueba solicitada, que se especifiquen los derechos presuntamente vulnerados y que se determine una “pretensión que sea compatible con la(s) causal(es) invocadas”.
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El TCE hizo una advertencia
El organismo de justicia electoral también advirtió que, “en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado y dentro del plazo dispuesto en el presente auto se procederá al archivo de la causa”.
Durante la sesión del Pleno, el mismo vocal suplente, José Merino, admitió que el CNE incumplió el plazo para la cancelación de Unidad Popular y Constuye.
El vocal suplente José Merino ha tenido un papel relevante en las decisiones relacionadas con Unidad Popular. Fue uno de los funcionarios que argumentó que, aunque el Código de la Democracia establece un plazo de 120 días antes de la inscripción de candidaturas para cancelar una organización política y ese tiempo ya había caducado en el caso de Unidad Popular, el CNE debía avanzar con la cancelación de la organización.
La presentación de la queja ante el TCE ocurrió después de que, el 5 de mayo de 2026, Unidad Popular anunciara públicamente que analizaba acudir a la justicia electoral contra Merino.
Ese día, Natasha Rojas manifestó que “Merino ha dicho que podría o debería establecerse plazos y analizarse los términos del Código de la Democracia”. A partir de esas declaraciones, advirtió que evaluaban presentar una queja por presunto delito de odio, al considerar que el funcionario ha expresado públicamente animadversión hacia una organización política de izquierda.
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