Padres financian reparación de escuelas en Guayaquil: el gasto que desajusta hogares

La calle de ingreso está llena de huecos. El agua acumulada de las últimas lluvias forma charcos de lodo que obligan a caminar con cuidado entre piedras, tablas y basura arrastrada por el viento. En una esquina, varios hombres duermen en el piso, en una estructura improvisada con cartones. Más adelante, niños uniformados avanzan esquivando motocicletas, perros y montículos de tierra.

Así comienza la mañana alrededor de la Escuela Fiscal Monseñor Leonidas Proaño, en la isla Trinitaria, al sur de Guayaquil. A unas nueve cuadras, dentro de una vivienda, una madre de cuatro hijos organiza el desayuno mientras repasa una lista de gastos escrita a mano. Uniformes, cuadernos, zapatos, útiles. Todo ya representaba un esfuerzo para una familia que vive de los ingresos diarios. Pero este año apareció un gasto que nadie esperaba: comprar pupitres.

Días antes del inicio de clases, los representantes fueron convocados a una reunión en la institución. Ahí les informaron que muchos pupitres estaban dañados y que los padres debían repararlos o llevar otros para sus hijos. La noticia corrió rápido entre las familias del sector.

Acceso escolar deteriorado y primeras alertas en la comunidad

“Eso representa un gasto extra que no está en el presupuesto escolar”, comenta la mujer mientras acomoda los cuadernos de sus hijos sobre una mesa pequeña. “Uno entiende (la compra de) los útiles y los uniformes, pero un pupitre ya es otra cosa”. En el patio de la escuela permanecen arrumadas decenas de bancas viejas. Algunas tienen las tablas desprendidas; otras están oxidadas o desniveladas.

Varias fueron apartadas en una esquina, como si esperaran una reparación que nunca llegó. Según relatan los padres, las autoridades escolares explicaron que habían enviado oficios al distrito educativo solicitando ayuda, pero que no existía respuesta inmediata. “Nos dijeron que cada quien vea cómo hacía para que sus hijos puedan recibir educación”, rememora la madre.

En la isla Trinitaria, donde muchas familias viven del comercio informal, trabajos ocasionales o ingresos inestables, el regreso a clases suele medirse con precisión. Cada dólar tiene destino antes de llegar. Por eso, la compra o arreglo de pupitres alteró completamente el presupuesto familiar.

El impacto económico directo en las familias

“Eso representa un gasto extra que no está en el presupuesto escolar”, comenta la mujer mientras acomoda los cuadernos de sus hijos sobre una mesa pequeña. “Uno entiende (la compra de) los útiles y los uniformes, pero un pupitre ya es otra cosa”. En el patio de la escuela permanecen arrumadas decenas de bancas viejas. Algunas tienen las tablas desprendidas; otras están oxidadas o desniveladas.

Varias fueron apartadas en una esquina, como si esperaran una reparación que nunca llegó. Según relatan los padres, las autoridades escolares explicaron que habían enviado oficios al distrito educativo solicitando ayuda, pero que no existía respuesta inmediata. “Nos dijeron que cada quien vea cómo hacía para que sus hijos puedan recibir educación”, rememora la madre.

En la isla Trinitaria, donde muchas familias viven del comercio informal, trabajos ocasionales o ingresos inestables, el regreso a clases suele medirse con precisión. Cada dólar tiene destino antes de llegar. Por eso, la compra o arreglo de pupitres alteró completamente el presupuesto familiar.

Infraestructura escolar deteriorada y gestión institucional

“Hay padres que no tienen ni para un lápiz y aun así hacen el esfuerzo para mandar a sus hijos a estudiar”, dice. Los pupitres comprados permanecen dentro de la institución durante el año lectivo. Algunos padres les escriben el nombre de sus hijos para diferenciarlos del resto. Cuando termina el ciclo escolar, el estudiante debe volver a moverlo hacia el siguiente curso. La escena parece normalizada entre los representantes.

Esa historia se repite en otros sectores populares de Guayaquil. Para reflejarlo en números, Verónica Legarda, economista y exviceministra de Gestión Educativa, manifestó que muchas familias terminan financiando infraestructura escolar con aportes de entre $100 y $150 al año. Si un millón de hogares realizan esos gastos, el monto supera los $100 millones. “Estamos teniendo una privatización informal del mantenimiento escolar”, advierte. La frase resume una realidad que se ha normalizado en sectores populares.

Las cifras del presupuesto estatal se reflejan en esa misma precariedad. Este Diario extendió la consulta al Ministerio de Educación sobre el origen de los recursos destinados a las adecuaciones escolares, que en muchos casos terminan siendo asumidas por los padres de familia. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Presupuesto educativo y brechas de inversión

En 2024, Educación manejó más de $4.600 millones, pero apenas el 4 % se destinó a inversión en infraestructura. De los $179 millones asignados, solo se ejecutó el 84 %. “El sistema paga nómina y operación con gasto corriente, pero apenas deja músculo para mantenimiento”, señala. La lentitud administrativa retrasa obras incluso con recursos disponibles. “No es que no haya dinero, es una ineficiencia en su ejecución”, insiste Legarda.

En Sergio Toral, otra madre recuerda lo que ocurrió hace dos años en la Escuela Fiscal Agustín Guerrero, donde estudiaba su hijo. El deterioro de la infraestructura era tan visible que, según cuenta, las paredes parecían moverse. “La escuela se caía”, resume.

Ante esa situación, los representantes comenzaron a hacer aportes económicos para intentar mejorar el plantel. Cada inicio de año entregaban $5 para colaborar con reparaciones en una institución que funcionaba en jornadas diurna y vespertina. Su hijo ya no estudia ahí, aunque sabe que actualmente la escuela está siendo intervenida. Lo que desconoce es si finalmente el distrito educativo aportó recursos para completar la reestructuración.

Crisis estructural en instituciones educativas populares

Y no solo ocurre en Guayaquil. “Tres años” es el tiempo que Cecilia Gómez, madre y representante de un alumno del Colegio Patria Ecuatoriana, en Puente Lucía, habla con cansancio y molestia de los baños colapsados. Señala que las tazas de baño rebosadas y las aguas fecales son problemas que muchas veces no desaparecen ni con los arreglos que pagan ocasionalmente los padres. Las reparaciones, cuenta, se repiten como un ciclo sin fin.

“Cada tres meses tenemos que cambiar los sapos (de los baños) y hacer otros arreglos, porque eso vive dañado”, explica. Los padres reúnen $1 por familia y pagan cerca de $20 por intervención a jornaleros. “Se les da como para ‘las colas’”. A esto se suma un socavón junto a la institución y la cercanía del río, que mantiene húmeda gran parte de la infraestructura. “Esperemos que a ustedes (EXPRESO) los escuchen”, exclama con optimismo, mientras asegura que luchará “hasta el final por la institución”.

Estos $100 millones corresponden a casi la mitad de la inversión ejecutada. Estamos teniendo una privatización informal del mantenimiento escolar.Verónica Legarda 

La madre de otra alumna del mismo plantel cuenta con la voz quebrada, bajo un sol canicular, que su hija de cuatro años se enfermó tras usar los baños de la escuela, donde, según afirma, “cogió una infección”. “Fueron casi $150, entre medicinas y exámenes”, que gastó por un mes completo de tratamiento, más los $20 que separa para chequeos.

En Petrillo, los padres del Colegio Inés María Balda aseguran que la institución continúa esperando un proyecto de techado junto a la Alcaldía, aún sin aval del distrito de Educación. “El techado ya estaba firmado, todo estaba listo”, recuerdan, mientras observan la cancha descubierta que expone a los estudiantes al sol y la lluvia. “Los niños salen enfermos de ese sol”, se queja una madre, quien calcula gastos de entre $30 y $40 por consultas médicas y medicinas.

El sostenimiento del plantel también recae sobre los representantes. Apenas iniciado el año lectivo, varias familias ya habían gastado cerca de $30 por niño entre cuotas y arreglos. Otra madre recuerda un robo ocurrido en 2025 que dejó vacía la institución y obligó a recolectar dinero hasta para comprar tachos de basura.

En el Colegio Petrillo la situación es similar. Johanna Haro, madre de familia, asegura que el plantel también sigue esperando la ejecución de un proyecto de techado. “Es lo más urgente”, dice. Ante la falta de presupuesto estatal, los padres construyeron seis aulas con recursos propios, reuniendo cerca de $1.700 en materiales. “No hay presupuesto, todo sale de nosotros”, afirma.