La foto de Aquiles Álvarez quedará en la galería de las miserias del poder en Ecuador

La fotografía del 18 de mayo en la que aparece el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, visiblemente enflaquecido y agobiado en la llamada Cárcel del Encuentro, va camino a convertirse en una de las imágenes más icónicas con las que se recordará la forma en que el gobierno de Daniel Noboa ha violado los derechos humanos. 

La fotografía, que fue extraída de una entrevista por zoom que Álvarez sostuvo con sus abogados, que la hicieron pública de inmediato, produjo una reacción muy potente en redes sociales y en la opinión pública. Tanto así que el ministro del Interior, John Reimberg, ha tenido que salir en varios medios de comunicación a afirmar que no están afectando los derechos de Álvarez y que, por lo contrario, tiene privilegios.

En el marco de una de estas entrevistas, Reimberg dio una declaración que, sin duda, se juntará a la fotografía de Álvarez en la galería de las miserias humanas de la historia del país: “Sé que ahora se cuida la figura porque en varias ocasiones rechaza los alimentos”, soltó Reimberg sin siquiera sonrojarse por las dimensiones de la barbaridad que acababa de decir. 

Para comenzar, Álvarez no debería estar preso en la llamada Cárcel del Encuentro porque por ahora está bajo prisión preventiva y no tiene aún una sentencia condenatoria ejecutoriada. Es decir, el alcalde legalmente sigue siendo inocente mientras no exista una condena en firme. Es evidente que, bajo ese criterio, el haberlo enviado a una cárcel de alta seguridad es de por sí un castigo anticipado. Si bien es cierto que Álvarez se ganó la prisión preventiva al haberse quitado en su casa el grillete electrónico que le impuso un juez, también lo es que alguien que está en sus condiciones legalmente no debería estar en un centro penitenciario concebido para delincuentes de alta peligrosidad. Si se toma en cuenta que la persona condenada por haber asesinado a la artista Sharon está detenido en la mucho más cómoda Cárcel 4, la situación de Álvarez evidentemente es ilegal y, además, contraria a toda lógica y humanismo.

Los acusación y el centro al que fue enviado 

Reimberg y el gobierno parece que no se percatan siquiera de que el alcalde no está procesado por delitos violentos, sino por presuntos delitos económicos y de corrupción relacionados con contratación pública y manejo ilícito de combustibles. Es evidente que Álvarez no representa una amenaza violenta para la sociedad, por más corrupto que haya podido ser. 

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Reimberg parece ignorar lo que todos saben: el régimen penitenciario de máxima seguridad está diseñado para cabecillas de bandas criminales, narcotráfico o terrorismo, no para un funcionario electo sin antecedentes penales violentos.

La defensa de Álvarez ha denunciado aislamiento prolongado, vigilancia permanente, iluminación continua en la celda, restricciones de visitas, dificultades para reunirse con sus abogados, deterioro físico y pérdida acelerada de peso. 

Según Ramiro García, uno de sus abogados, Álvarez ha perdido 26 kilos de peso. En un escrito publicado por los abogados de Álvarez a propósito de la fotografía se decía que “mientras su condición empeora, las autoridades mantienen silencio sobre su estado médico y las condiciones reales de reclusión”.Es por eso que cuando Reimberg aparece en Ecuavisa afirmando que Álvarez no recibe un trato inhumano porque tiene privilegios como llamadas frecuentes a sus familiares y acceso a horas de patio, las que prefiere tomar en la tarde porque en la mañana hay mucho sol, atenta no solo contra la evidencia de que está en una cárcel donde no debería estar, sino contra el más elemental razonamiento humanista.

De acuerdo con la Constitución, las leyes y los acuerdos internacionales, ni siquiera un condenado con sentencia ejecutoriada merece un trato inhumano y vejatorio, mucho menos aún una persona que no ha sido condenada como culpable, pues resulta que si no ha sido declarada culpable siempre hay, por lógica, la posibilidad de que sea inocente. En ese caso, el Estado tendría que indemnizarlo por las humillaciones y maltratos recibidos.

No hay que descartar que en algún momento un organismo internacional del que Ecuador es miembro, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), falle en contra del Estado ecuatoriano. De hecho, la defensa ha solicitado medidas cautelares a la CIDH por su situación carcelaria. La denuncia señala que las investigaciones administrativas y penales comenzaron a partir de una disputa personal con el presidente Daniel Noboa. De acuerdo con el texto de la demanda, de 329 páginas, diversas autoridades de la actual administración adelantaron criterios de culpabilidad en ruedas de prensa previas a las actividades fiscales. Esta situación influyó de forma directa en la imparcialidad del sistema judicial ecuatoriano.

Los defensores del alcalde, liderados por el jurista Jorge Sosa Meza, denunciaron además una persistente persecución en contra de su equipo legal. Varios abogados abandonaron la causa a consecuencia de amenazas de muerte y advertencias de allanamientos.

Resulta insólito pensar que funcionarios del gobierno, como Reimberg y el propio presidente Noboa, no sean capaces de darse cuenta de que su paso por el poder, aunque pueda ser muy largo, siempre tiene su fin y que en algún momento la historia los colocará en el lugar que este tipo de atrocidades ordena.