La ley como fachada

El menosprecio por la ley, como si no fuera el fundamento más caro de cualquier modelo de organización social, no es un fenómeno nuevo, como lo evidencia una veintena de cartas supremas echadas al tacho, pues si la estabilidad y predictibilidad de la regla de derecho son de su esencia y hacen la seguridad del sistema jurídico, cambiarla al mismo ritmo y dirección que el péndulo político es la forma embozada de quebrantarla, de vestir la trampa con vuelos seductores de modernidad y cambio. Hay menos estafa cívica, aunque no menos daño al sistema, cuando se falsea la regla mediante hilarantes contorsiones interpretativas, se la innova por decreto o se la desconoce palmariamente, por la cara. El ‘rule of law’, piedra angular de las sociedades anglosajonas, al extremo que la perenne constitución inglesa no está recogida en una carta escrita y la norteamericana subsiste, con pocas enmiendas puntuales, desde su aprobación inicial, es apenas un maleable punto de referencia en nuestras latitudes.

Las consecuencias del atropello de las normas

Sin normas estables y aplicadas consistentemente no hay límites al poder, cualquiera que sea, institucional o mafioso, público o enmascarado, y las sociedades se precipitan en la anomia y las personas en el vasallaje, en siervos o víctimas de quienes saben aceitar el engranaje, presionar el piñón clave o dar cuerda al mecanismo normativo desde las sombras, desde las cloacas morales donde se urden sentencias, condenas, prebendas. Se ha convertido la ley en fachada, en un tejido regulatorio que ha quedado para darle legitimidad cosmética a un cuerpo institucional corroído en sus órganos vitales. Pero el circo insiste -y luego aplaude- en el atropello de las normas, en el abuso del sistema a pretexto de combatir inseguridad, corrupción, impunidad, desempleo, sin advertir que estos y otros males son consecuencia de la falta de seguridad legal, de la ausencia de un sistema de derecho que se aplique por igual a débiles o poderosos y que constituya la barrera infranqueable de protección para quienes se conducen según la norma y la condena inevitable para quienes la violentan.

Si alguna prioridad tiene la sociedad es la recuperación del Estado de derecho, en especial cuando las autoridades a cargo de aplicarla -jueces, fiscales, funcionarios de todo rango-, emplean la ley como fachada, estirándola y torciéndola a capricho. El tiempo dirá con qué fines.