Evo Morales, de abusador a golpista

Las manifestaciones que sacuden a Bolivia no son un fenómeno espontáneo, como tampoco lo fueron las protestas de 2019, 2022 o 2025 en Ecuador. O las de Chile y Colombia en 2020 y 2021, respectivamente. En el caso boliviano, son la consecuencia lógica de décadas de un modelo que prometió la emancipación de los pueblos y entregó corrupción, abuso e impunidad.

El llamado Socialismo del Siglo XXI, aquel proyecto ideológico que Hugo Chávez financió y que Evo Morales aplicó en Bolivia al mismo tiempo que Correa en Ecuador (constituyente, nueva constitución, control total del aparato del Estado), está cosechando lo que sembró. El mismo resultado: instituciones vaciadas, economías destruidas y sociedades fracturadas.

Un libreto que se repite

Lo que ocurre contra Rodrigo Paz en Bolivia es igual a lo que sucedió y sucede en Ecuador contra los gobiernos de Lenín Moreno al actual: depredación política. Como en la naturaleza, los depredadores no actúan solos; cooperan entre sí para derribar presas más grandes a las que podrían dominar por separado.

Morales y su entorno llevan años operando de esa manera. Cuando perdieron las elecciones, bloquearon carreteras; cuando la justicia los alcanzó, gritaron “lawfare”; cuando su propio sucesor gobernó sin ellos, intentaron desestabilizarlo.

El país y el bien común quedaron siempre en segundo plano. No les interesa que haya buen gobierno o eficiencia pública. Les interesa el poder a cualquier costo, apoyados en otros depredadores que, eventualmente, también serán depredados.

Los problemas de Morales con la justicia no son menores, ni son invención de sus adversarios. Fue acusado en Bolivia de haber tenido un hijo con una adolescente de 15 años en 2017. En Argentina, donde Alberto Fernández, otro miembro del mismo ecosistema, le concedió asilo, se abrió una investigación por haber convivido con otras cuatro menores de edad. El proceso menciona trata de personas y abuso infantil.

Los miembros del Grupo de Puebla se protegen entre ellos

No se trata de rumores de redes sociales, sino que son causas judiciales activas en dos países. El mismo Fernández, que encubrió a Morales, agredía física y psicológicamente a su propia esposa dentro de la residencia presidencial de Olivos. Se protegen entre ellos. Incapaz de enfrentar la justicia, Morales ha hecho lo que hacen todos los depredadores acorralados: atacar hacia afuera para no rendir cuentas hacia adentro. Las movilizaciones en Bolivia no son una causa popular. Por el contrario, son el escudo de un hombre que sabe que sin poder no tiene impunidad.

En ese contexto cobra especial relevancia la figura de Rodrigo Paz. Su gobierno democrático y su disposición a gobernar dentro de las reglas institucionales lo han convertido en blanco de las mismas fuerzas que durante veinte años utilizaron el Estado boliviano como instrumento de control político y económico. Y por eso la región no puede mirar hacia otro lado. Defender a Paz no es un gesto de simpatía ideológica. Es una obligación de quienes creemos que los liderazgos institucionales deben ser protegidos frente a la violencia organizada.

El Grupo de Puebla se desgrana. Bolivia ya no es el bastión que era. Pero los depredadores no desaparecen con una derrota electoral. Se reorganizan, buscan nuevas presas, generan nuevos frentes de inestabilidad. América Latina tiene memoria corta, y eso es precisamente lo que ellos necesitan para sobrevivir.

Bolivia merece una salida institucional. Y los demócratas de la región tienen el deber de decirlo en voz alta, antes de que el silencio se convierta en complicidad.