Alábate, burro…

Una de las ecuatorianadas más patéticas, costumbre en la que incurren aquellos personajes de pompa y circunstancia, amantes de los discursos ampulosos y vacuos que pueblan la vida pública nacional, es aquella de echarse flores con la cantaleta autorreferencial de la-honradez-que-me-inculcaron-desde-niño o la-transparencia-que-caracteriza-mis-acciones. O como prefiere decir nuestra ya madura lumpencracia: “mi accionar”. Porque resulta mucho más cómodo transformar en verbo el sustantivo, chirriante barbaridad que exime a nuestros políticos de hablar de sus concretas acciones, que nunca están dispuestos a reconocer. Porque nuestros políticos no obran acciones: tienen un “accionar” (puaj), y ese “accionar”, claro, es limpio, transparente, inmaculado. Aunque luego resulte que accionar, lo que se dice accionar, lo único que accionan son las palancas.

La devaluación del concepto de honradez

El lumpen político ecuatoriano promedio (que no deja de ser un ecuatoriano promedio a secas) empieza por estacionar su carro en la vereda y responder con un sonoro “¿sabes quién soy yo, chch?” al peatón que se lo reclama; continúa montando una empresa de hornados solidarios con la plata que les roba a sus asesores mientras habla de los valores que le inculcó su santa madrecita; termina comprando 100 millones de dólares en chatarra con plata pública al mismo tiempo que proclama la transparencia de su “accionar”.

Cuando las acciones concretas son sustituidas por la abstracción del “accionar” (esa entelequia), no queda otra manera de dar pruebas de honradez que no sea proclamarla a los cuatro vientos. En la vida pública nacional, la honradez no es una virtud que se ejerce sino algo de lo que se habla. Y ese hablar de la honradez propia como si fuera una evidencia suficiente de ella se ha convertido en lugar común de nuestro parlamentarismo. Abuso que conduce a la devaluación del concepto.

El resultado es devastador: hoy, el ecuatoriano promedio ha dejado de creer en la honradez porque no sabe qué es eso.

¿Certificados de probidad notoria?

Piénsese en el concepto de probidad notoria, requisito que los ecuatorianos de otros tiempos y otras generaciones (me refiero al siglo pasado) establecieron como de máxima importancia para ocupar cargos que exigen incorruptibilidad a toda prueba, como los de fiscal general o juez de la República. Basta con ver quiénes ocupan posiciones como esas para reconocer que el concepto de probidad notoria ha dejado de existir: fue abolido aunque siga constando en la letra muerta de las leyes. Y cuando el lumpen que integra el CPCCS o el Consejo de la Judicatura, organismos inventados precisamente por quienes lo abolieron, se reúne a deliberar sobre la elección de esas autoridades, es fácil imaginar su perplejidad a la hora de formarse una idea aunque fuera aproximada de la probidad notoria de los postulantes. ¿Con qué clase de certificados se demuestra tal cosa?, se preguntarán, ellos, que todo lo reducen a papel sellado.

Así terminamos, por ejemplo, con un fiscal general capaz de repetir 500 veces a lo largo de la audiencia de juicio la muletilla de “esta Fiscalía, con la lealtad procesal que nos caracteriza”, mientras construye una retorcida teoría de caso que le permite excluir del proceso a los peces gordos, o conducir al banquillo, por conveniencia política, a personas de las que ni remotamente tiene evidencia para acusar de nada. En eso consiste la transparencia de su “accionar”.