Empresas sin rumbo
La verdadera reforma comienza cuando dejamos de administrar la coyuntura y empezamos a construir instituciones que sobrevivan a los gobiernos

El país necesita establecer reglas permanentes para crear, evaluar y cerrar empresas públicas
El problema de las empresas públicas en Ecuador no es cuántas se crearon o cuántas se cerraron. El error es convertir al Estado en un laboratorio político, donde cada gobierno rediseñó la estructura institucional según su propia visión, sin una política a largo plazo.
Desde la Constitución de 2008, el país llegó a tener 38 empresas públicas. Hoy sobreviven apenas 11 y varias continúan por años en procesos de liquidación, revelando una verdad incómoda: en Ecuador es más fácil crear una empresa estatal que cerrarla de manera eficiente.
La experiencia deja una lección que el país insiste en ignorar: una empresa pública no debe nacer por afinidad ideológica, ni desaparecer por conveniencia política. Debe responder a estudios técnicos, metas verificables y mecanismos permanentes de control. Sin ello se convierte en una estructura costosa, vulnerable a la corrupción y financiada por los ciudadanos.
El mayor riesgo no es el tamaño del Estado, es su inestabilidad. Cada fusión, cambio de nombre, extinción o nueva creación genera incertidumbre jurídica, procesos laborales interminables, contratos inconclusos y recursos públicos inmovilizados. El costo no desaparece con un decreto; simplemente cambia de lugar y termina pagándolo la sociedad.
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Liquidaciones largas y recursos improductivos
Un aspecto del que poco se habla, es el costo de las liquidaciones. Mantener empresas cerradas durante años implica administradores, litigios, obligaciones pendientes y patrimonio improductivo. Son recursos que dejan de invertirse en salud, educación, seguridad o infraestructura.
El país necesita establecer reglas permanentes para crear, evaluar y cerrar empresas públicas, con auditorías independientes, transparencia total y rendición de cuentas.
La ciudadanía también tiene la responsabilidad de exigir resultados y reclamar decisiones sustentadas en evidencia. Porque un Estado eficiente no se mide por la cantidad de empresas que posee, sino por el valor público que genera. La verdadera reforma comienza cuando dejamos de administrar la coyuntura y empezamos a construir instituciones que sobrevivan a los gobiernos y sirvan realmente al país.