Las consecuencias de la inoperancia de las autoridades nacionales y locales, que se olvidaron de ejecutar las obras de control de inundaciones, las sufren los ciudadanos, que registran daños en sus bienes y no pueden movilizarse, y los negocios que contabilizan pérdidas y cierres obligados por las circunstancias.

La responsabilidad de los alcaldes, prefectos y ministros, de cuidar a los ciudadanos y atender sus necesidades, no puede endilgarse a la población, aunque esta no esté libre de culpa por los descuidos en que haya incurrido en el manejo de la basura, que terminó taponando los drenajes de aguas lluvias.

El costo de la negligencia es alto, más aún si por estas existen víctimas humanas que lamentar. La falta de prevención y de planificación continúa siendo el lado flaco de la administración pública, que desborda sus falencias en la sociedad civil que tampoco reclama sus derechos constitucionales.

El país requiere de administraciones cantonales y provinciales honestas, que utilicen el dinero de los contribuyentes en la ejecución de las obras necesarias para el bienestar común. Dejar de atender lo urgente y prioritario, por compadrazgos y el bolsillo propio, debe condenarse y desterrarse. Las inundaciones y los deslaves consumen los recursos de todos.