La decisión de los ecuatorianos en las urnas de permitir la extradición de compatriotas requeridos por la justicia de otros países, requiere primero enmendar la carta política del Estado y después crear la normativa necesaria para establecer el trámite correspondiente. Pero más allá de lo estrictamente reglamentario, la importancia del triunfo del Sí radica en que los ecuatorianos que hayan delinquido en el exterior y que se escondan en el territorio nacional, purgarían sus penas en el país requiriente y no en las cárceles ecuatorianas, que se han convertido en escuelas del crimen.

Quienes realmente deben estar preocupados no son los ecuatorianos que votaron por el No en la Consulta Popular, sino todos aquellos delincuentes transnacionales dedicados al tráfico de drogas y otros delitos conexos, entre ellos la corrupción y el lavado de dinero, que van a ser juzgados bajo leyes de países como Estados Unidos, los cuales permiten la acumulación de penas y tienen sistemas carcelarios con mayores seguridades que aquellos con los que cuenta el país.

Seguramente, como ocurre en Colombia, el proceso de extradición no será rápido -puede tardar años- y no estará exento de obstáculos. Por ello es fundamental el fortalecimiento integral de la institucionalidad ecuatoriana.