Ecuador lleva décadas viviendo en crisis y para sobrellevarlo, su salida inmediata y más fácil, siempre ha sido la de adquirir más deuda para pagar deuda. Esa es la estrategia que el actual Gobierno, una vez más, busca implementar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ante los pagos que hay que desembolsarle en los próximos meses. Una fórmula que si bien saca de apuros a cualquier autoridad, hereda a las futuras generaciones un Ecuador hipotecado.

La deuda pública total del país cerró 2023 en casi 80.000 millones de dólares, producto de la ausencia de una política que ayude al fisco a generar nuevas fuentes de ingresos, que surjan por reactivación económica y no por préstamos, petróleo o recaudaciones.

El Gobierno actual ha desestimado poner como prioridad la inversión de obra pública y aunque se entiende que los recursos escasean, tampoco ha hecho mucho por motivar al sector privado a que empiece a financiar grandes proyectos. Todo se mueve lentamente, al mismo ritmo en que crece la economía del país, hoy golpeada por los altos niveles de inseguridad, por la desconfianza y desmotivación empresarial al tener que enfrentar nuevos impuestos y, por ende, por la falta de creación de empleos, la vía que ayuda a mover el consumo de los hogares.