La vorágine que vivimos causada por la pandemia de COVID y la campaña electoral que entró de lleno en la segunda vuelta, quizás no reparemos en la gravedad del último golpe que nos ha dado la Asamblea Nacional. Quizás porque la mayoría de los honorables ya se va, quizás porque no les importa el país; acaso porque una parte de los legisladores salientes pudieron sentir que se han vengado de los ciudadanos que llegaron a ponerles calificaciones paupérrimas de credibilidad, provocando vergüenza nacional.

Solamente así podemos explicarnos que 91 asambleístas se hayan burlado de 300.000 ciudadanos ecuatorianos, con cuyas firmas se respaldó el pedido de reformas a la Constitución llevado adelante por el Comité por la Institucionalización Democrática. La votación de este 16 de marzo no pudo ser más vergonzosa: la bancada correísta y lo que queda de Alianza PAIS (AP) se juntaron para impedir que estas reformas se aprueben y puedan ser parte de un referéndum.

Evidentemente se cayó en la trampa del tiempo. Se dejó pasar más de un año y llegamos sin aire al segundo y definitivo debate, con el agravante de haberse aprobado a última hora que estas reformas a la Constitución deban pasar con ‘mayoría calificada’ (91 votos) y no ‘mayoría absoluta’ (70 votos). Así, con la propuesta del legislador Carlos Cambala de AP se decidió que dos terceras partes de la Asamblea aprueben las reformas. No hubo tales votos. Con las justas cincuenta y tantos para cada artículo propuesto.

Queríamos un menor número de legisladores, ¿verdad? Un Poder Legislativo más pequeño, ¿no es así? Pues no hubo los votos necesarios para que esto ocurra. ¿Queríamos que desapareciera el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? En lo que tanto insistió Julio César Trujillo. Pues tampoco se aprobó. Ni qué decir de la posibilidad de la bicameralidad para dividir el Poder Legislativo.

Los asambleístas salientes pusieron candado a la designación de las autoridades de control por parte de la próxima Asamblea e impidieron además que se cumpla la ansiada autonomía de la Fiscalía , reconocida por la propia Constitución pero amarrada en la práctica al Consejo Nacional de la Judicatura.

¡Se le exige tanto a la Fiscalía y se le da tan poco! No es un secreto que le faltan profesionales debidamente capacitados, que no tiene la posibilidad de administrar su propio presupuesto, que lleva años esperando los concursos de fiscales y asistentes para llenar las vacantes.

Que los legisladores no se vayan con la frente en alto, creyendo en el honor del deber cumplido. Con honrosas excepciones, que no se equivoquen. Y los ciudadanos no olvidemos sus nombres, sus rostros, por si vuelven a pedirnos el voto.

Sin ser jurista ni conocedora de estos procesos, debo imaginar que al Comité por la Institucionalización Democrática le queda aún recurrir a la Corte Constitucional del Ecuador. Pero es obvio lo que eso significa: empezar otra batalla para defender las firmas de cientos de miles de ecuatorianos.

Insisto en que se perdió tiempo. Que se debió actuar con rapidez cuando el tema estaba ‘caliente’ y los legisladores aún evidenciaban interés genuino por la patria y su futuro. Ya es muy tarde. Nos queda la lección que nos dan en el campo cuando aprendemos a montar a caballo: si te caes, vuélvete a subir, lo más pronto posible. Si te peleas con tu pareja, reconcíliate enseguida. Ya sabemos que el tiempo y la distancia pueden ser fatales.La Asamblea se va con una deuda enorme.