El debate parlamentario muchas veces se torna lento y anodino frente a temas que son de resolución indispensable para la nación. Por eso no es extraño que en el derecho comparado encontremos sistemas en los que el jefe de Gobierno puede declarar la urgencia de los proyectos de ley que presenta, lo que trae como consecuencia que deban discutirse en tiempos reducidos por parte de la Legislatura. Ello no implica que se pueda abusar de la potestad, pues, finalmente, quien puede aprobar, modificar y también negar la propuesta es el parlamento.

La grave crisis económica que afectó a nuestro país en 1983 hizo que se reformara la Constitución y se permitiera que el presidente de la República pueda calificar la urgencia de los proyectos de ley, pero solo en materia económica, obligando al Congreso a debatirlos en quince días, trayendo una consecuencia de no hacerlo así: que el Ejecutivo pueda publicar el proyecto como decreto-ley el que, luego, podía ser reformado o derogado por la Cámara sin que, en este último caso, se permitiera la objeción presidencial.

Los abusos de parte y parte (presidentes versus congresos) hicieron que se vaya modificando el instituto: el plazo se amplió a 30 días, pero se limitó a uno la cantidad de proyectos urgentes que podían presentarse, y así no consentir que se presenten en demasía con el fin de evitar el debido debate congresal, con una salvedad: que estemos en estado de excepción. Asimismo, se eliminó el impedimento de objetar la ley derogatoria: al fin y al cabo, el decreto-ley no es un capricho presidencial sino producto de la omisión de tratamiento parlamentario. Los presidentes quisieron eludir el límite de proyectos simultáneos remitiendo “leyes trole”, es decir, varias materias distintas y dispersas con el intento de cobijarlas bajo un mismo título. Ello ha sido impedido por la actual Corte Constitucional.

Hoy hay otra cosa que corregir: los problemas actuales más apremiantes ya no son solo económicos. La guerra interna contra grupos delincuenciales que se volvieron beligerantes así lo demuestra. Por ello, con acierto, se propone eliminar la restricción de que los proyectos de ley urgentes sean solo en materia económica, pero manteniendo las demás limitaciones, por lo que solo se podrá presentar uno a la vez y con unidad de materia.