Finalmente el actual gobierno decidió enfrentar la preocupante situación del IESS nombrando una comisión que analice su realidad económica, comisión que debieron integrar representantes directos de los afiliados para posibilitar que las sugerencias sean viables en su ejecución.

Hay algo que está claro para el país, el IESS debe tomar medidas urgentes orientadas a superar sus dificultades financieras futuras, evitando poner en riesgo la supervivencia de un importante sector de ecuatorianos que reciben una pensión jubilar por los aportes hechos durante su vida laboral activa. Pero ese riesgo tiene causas que lo han ocasionado, como el alegre uso de sus fondos por parte de gobiernos de turno, a lo que se suman los cuantiosos atracos perpetrados especialmente en el área de salud, con la construcción de hospitales con altos sobreprecios, los robos efectuados en la compra de medicinas o en la tercerización de atención a la salud, favoreciendo a clínicas o médicos privados con el pago de planillas sobrevaloradas.

Plantear como solución que los afiliados asuman el costo del despilfarro y dispendioso manejo de recursos del IESS es al menos injusto.

Debe comenzarse por una auditoría internacional que clarifique el uso abusivo de dineros hechos a la institución y a sus legítimos dueños: sus afiliados, que considere el innegable crecimiento del promedio mayor de vida que incrementa el número de pensionistas; reformar la integración de su Consejo Directivo, con una elección más transparente de sus miembros, en el que deberán tener un representante los jubilados; darle mayor autonomía a la institución, separándola de las garras del gobierno de turno. El IESS no puede seguir siendo administrado como botín político.

La seguridad social es clave en la construcción de un mayor bienestar en beneficio del conjunto de la población. Darle estabilidad a la institución y fortalecerla es un imperativo que no se puede eludir, evitar, ni postergar. Hay que enfrentar el problema, eso debe quedar como una prioridad para el próximo gobierno, que tenga más credibilidad y capacidad de diálogo que el actual.