En una democracia son legítimos los diálogos que posibiliten acuerdos que contribuyan a una mejor gobernanza y a favorecer los intereses nacionales, o alternativamente, coincidir en criticar u oponerse a un gobierno. Lo reprochable son los acuerdos para repartirse canonjías o encubrir fechorías, y más censurable cuando esos acuerdos se dan contrariando la voluntad popular o traicionando ideales o principios. Son frágiles los acuerdos que no persiguen defender tesis doctrinarias u objetivos de país.

El acuerdo legislativo al que llegaron los movimientos Revolución Ciudadana, socialcristianos y el actual gobierno, solo se justificaría si se lo hizo para poder organizar el trabajo y elegir autoridades de la Asamblea. No se puede olvidar el actual gobierno de que fue elegido por una corriente ciudadana que ha demostrado en las tres últimas elecciones su rechazo a que en el Ecuador se instaure un gobierno autoritario y sectario, como el que padece Venezuela, en el que está ausente la democracia, se irrespetan y reprimen las opiniones contrarias, donde prevalece el abuso, la corrupción y que ha condenado a la mayoría de venezolanos a emigrar o vivir sin ningún tipo de garantías a sus derechos humanos, con un creciente empobrecimiento de la población, mientras el grupo que gobierna hace y deshace de los recursos pertenecen al pueblo venezolano.

No se puede ignorar el drama político que vive América Latina y por supuesto Ecuador. No se trata de divergencias democráticas que son legítimas. El dilema es defender al menos una democracia formal que garantice los derechos fundamentales de las personas, que no se las persiga por sus ideas o por sus criterios no coincidentes con el gobierno de turno, o resignarse al papel de ‘tontos útiles’ y hacerles el juego a quienes tienen muy claros sus objetivos al alcanzar el poder.

En ese contexto no se explica, porque el actual gobierno se sumó a una posible toma y reparto del Consejo de la Judicatura, sabiendo que se persigue buscar mecanismos judiciales que posibiliten garantizar impunidad a quienes cometieron actos de corrupción, perjudicaron al país y abusaron del poder.