José de la Gasca: El negocio de los radares

A nadie le importa más los accidentes de tránsito -por exceso de velocidad- que a las personas detrás de ‘implementar’ los radares. La colocación y manejo de estos dispositivos tecnológicos de control de tránsito es, por encima de todo, un negocio muy lucrativo.

¿A dónde va el dinero recaudado por las multas? ¿Qué hacen con él? Son aspectos poco claros que navegan en el silencio conveniente de ciertas autoridades, de algunos municipios y de empresas que han cooptado este nicho de mercado.

El ‘negocito’ nació con una reforma legal que habilita a los gobiernos municipales que, sin haber asumido el control operativo del tránsito en sus competencias, lo puedan hacer mediante la suscripción de “convenios interinstitucionales” con los organismos que ejercen dicho control; es decir, con la CTE o Policía Nacional. Esos convenios deben establecer la forma de “reparto” de las multas recaudadas y la distribución se puede ejecutar mediante fideicomisos. Noten que la ley no fija límites a la forma de distribución ni tampoco a los fines para los que deben ser utilizadas. Como vemos, hay, pues, un altísimo grado de discrecionalidad normativa y ya sabemos, en la práctica, en qué se traduce…

Desde luego, la reforma sí fijó ciertos límites en cuanto a habilitar a aquellos municipios que cumplan con las calificaciones del “modelo de gestión” en materia de competencias. Así, solo aquellos con calificación ‘A’ podrían acceder a este mecanismo. Empero, la realidad es que, incluso, los GAD calificados con ‘B’ lo están haciendo prevalidos de la empresa privada y de todo el músculo político y económico que poseen.

Y si existe este nivel de desregulación y falta de control en la ‘implementación’, imaginemos lo que ocurre con los fotorradares en las calles. Los ponen donde sea, como sea, sin certificados de homologación ni revisión. Están ahí, tomando fotos a diestra y siniestra. Literalmente, son maquinitas de hacer plata. Sí, quizás usted ha sido víctima de esas ‘multas fantasmas’.

Los sistemas de control operativo de tránsito deben servir para evitar y prevenir fatalidades, ese es su espíritu; pero cuando se tiene acceso al poder hasta eso cambia para convertirse en mercancía.

No extraña, entonces, que un juez los haya mandado a suspender.