El desgobierno de los jueces
El CJ poco o nada puede hacer frente a la desvergüenza judicial que impera. Esto porque desde 2020, la Corte Constitucional (CC) dictó una sentencia (3-19-CN/20) con la que pulverizó la potestad disciplinaria del CJ.
Absolutamente todas las decisiones judiciales criticables que vemos por estos días tienen un mismo origen: los jueces se saben impunes.
Solo por excepción, y luego de un buen rato, a uno que otro le llega una sanción administrativa. Ejemplo de ello es la reciente destitución de ‘Bad Banny’, ese juez de Manabí que hizo un combo 3x1 para liberar a Glas y Salcedo, violentando todo procedimiento. Fue el escarnio público lo que hizo que se rompa ese velo de impunidad, pues ahí sí los jueces se devoran entre sí y ‘ajustician’ a los caídos en desgracia.
Nuestra Constitución establece que el Consejo de la Judicatura (CJ) es el órgano de control y disciplina de la Función Judicial. Por tanto, es el competente para sancionar (potestad disciplinaria) a estos malos elementos y así depurar la justicia de los bandoleros con toga que nos infiltran ciertos grupos políticos, el crimen organizado o simplemente unos que ya vienen torcidos por cultura propia.
Pero si usted cree que ya tiene a quién culpar, se equivoca. El CJ poco o nada puede hacer frente a la desvergüenza judicial que impera. Esto porque desde el 2020 la Corte Constitucional (CC) dictó una sentencia (3-19-CN/20) con la que pulverizó la potestad disciplinaria del CJ, no solo porque erradicó el control “de oficio”, sino porque condicionó absolutamente el control de las actuaciones de los jueces por infracciones gravísimas (error inexcusable, negligencia manifiesta y dolo) a un pronunciamiento que provenga de los propios jueces (declaratorias jurisdiccionales previas) haciendo que sea el propio gato quien se ponga el cascabel.
Esto ha resultado en caos, corruptela y en la erosión del sistema de justicia en el que nadie cree. ¿Hace falta que nos lo diga el embajador Fitzpatrick para que lo veamos?
Aquí no cabe un lavado de manos de la CC. Ya hubo entre los jueces constitucionales quienes lo advirtieron. Basta leer el voto salvado de Teresa Nuques, quien con su claridad de eximia catedrática, previno que las exigencias absolutas creadas por la CC constituirían un “obstáculo irrazonable” a la potestad disciplinaria del CJ, lo que además atenta contra los intereses de la ciudadanía.
Urge, pues, depurar este precedente a lo que ya dijo Teresita.
