Eduardo Carmigniani | El Atahualpa confiscado
En el paisito de los hechos consumados cada quien cree que puede jugar al braveo, y ese fue el camino del Municipio de Quito
‘Manu militari’ es la mejor descripción de lo que hizo el Municipio de Quito, cuando decidió unilateralmente “revertir la donación” del estadio Atahualpa, de hace casi 60 años, disponiendo además su “restitución inmediata” y que se inscriba la decisión en el Registro de la Propiedad, que está bajo su propio control.
Verdad es que según la donación (escritura pública del 3 de octubre de 1966) su finalidad exclusiva es “procurar el desarrollo y progreso del deporte en la ciudad de Quito” (cláusula tercera).
También es verdad que se la condicionó, expresamente, a que el estadio sea destinado a los “únicos e invariables fines” de su cláusula cuarta (y ahí no está, por ejemplo, que se realice conciertos).
Finalmente, es innegable que, según el contrato, si las anteriores condiciones no eran cumplidas la donación quedaría sin efecto (rescindida), según las normas del Código Civil (cláusula séptima).
El Código Civil dice que si el donatario está en mora de cumplir lo que en la donación se le ha impuesto, el donante tiene “derecho” para que se la rescinda (art. 1442).
¿Cómo se ejerce ese derecho? Con una demanda judicial, claro está, respuesta que nadie puede poner en duda en un país que se dice democrático, pero que además la confirma el propio Código Civil -al que se remite la donación- cuando nada menos que en el artículo siguiente al que me he referido (el 1443) agrega que “La acción rescisoria concedida por el artículo precedente termina en cuatro años, contados desde el día en que el donatario haya incurrido en mora de cumplir la obligación impuesta”.
Solo una grosera falta de comprensión lectora pudiera entonces hacer concluir que, pese a que el Código sin rodeos manda a que el “derecho” del donante se ejerza vía una “acción rescisoria”, no se requería llevar el caso a los jueces.
Pero no se trata en verdad de eso: en el paisito de los hechos consumados cada quien cree que puede jugar al braveo, y ese fue el camino del Municipio de Quito.
Mas la confiscación mal disimulada del Atahualpa se estrella fulminantemente contra la pared de la legalidad.