Mariana Mazzucato | La crisis energética exige una estrategia industrial verde

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha desestabilizado Oriente Medio, provocado un enorme costo humano y ambiental, y generado una de las mayores fluctuaciones del precio del petróleo registradas. Sus efectos se extienden a los mercados bursátiles globales y aumentan el endeudamiento público, lo que demuestra que las crisis energéticas ya no son episodios aislados: representan nuestra nueva realidad. En esta era de agitación geopolítica, la resiliencia económica exige no solo cambiar los tipos de energía que consumimos, sino también cómo y dónde se producen los bienes, y quién los produce. Una estrategia industrial verde y un marco macroeconómico que respalde la inversión pública estratégica pueden garantizar estándares de vida y forjar resiliencia. Para proteger a hogares y empresas de la presión inflacionaria, las políticas deben priorizar la inversión en energías limpias y locales en lugar de reforzar los beneficios de los combustibles fósiles, que alimentan la volatilidad de los precios y se usan como moneda de cambio militar. La reciente amenaza de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz elevó el crudo por encima de 100 dólares por barril, un récord desde la invasión rusa a Ucrania en 2022, y recuerda la vulnerabilidad de países dependientes del gas, como el Reino Unido, cuya escasa capacidad de almacenamiento exacerbó los aumentos del 50% en los precios mayoristas de energía. Superar esta dependencia requiere coordinación entre los ministerios de vivienda, transporte, ciencia, tecnología y finanzas, estableciendo objetivos claros para movilizar inversiones intersectoriales. Sin ello, los hogares enfrentarán nuevas crisis del costo de vida: en 2022, la mitad del aumento del 9% en precios al consumidor del Reino Unido se debió a alimentos y energía, mientras que la especulación y las ganancias extraordinarias corporativas amplificaron la inflación. Gobiernos como el británico buscan limitar estos beneficios excesivos mediante regulaciones, pero estrategias más efectivas, como las aplicadas en España y Portugal, muestran que limitar los costos del gas en la generación eléctrica reduce los márgenes extraordinarios y mantiene precios más bajos.

Las crisis energéticas afectan toda la economía, pues el petróleo sigue siendo un insumo clave en industria, transporte y agricultura. Subir tasas de interés encarece la inversión, incluida la verde, y eleva la deuda soberana sin atacar la raíz de la inflación. Por ello, los gobiernos deben abordar la inflación desde la oferta, reduciendo la dependencia de los bancos centrales. La inversión en energías renovables ofrece amplios beneficios: mitiga el cambio climático, aumenta productividad, genera empleo y mejora la calidad de vida. Estudios del Reino Unido muestran que cada libra invertida en acercarse a emisiones netas cero genera entre 2 y 4 libras de valor, además de hogares más cálidos, aire limpio y alimentación saludable. Esta crisis energética es una oportunidad para que los estados desarrollen capacidades, herramientas e instituciones que aseguren productos básicos asequibles, eviten la especulación y catalicen una transformación industrial. Como señaló John Maynard Keynes, el estado debe invertir y orientar cuando la confianza privada se estanca. La acción gubernamental decidida es esencial para minimizar el sufrimiento humano e impulsar la resiliencia económica a largo plazo.