Las fuerzas del orden están reducidas por ley a dar batalla con una mano atada a la espalda y municiones de goma en la otra, mientras el crimen organizado hace gala de estar armado hasta los dientes, muchas veces con armas de guerra y calibre superior al de la dotación regular de los agentes policiales. Pieza fundamental de este entramado legal concebido para proteger los derechos humanos de los agresores en desmedro de la seguridad pública y, por tanto, de los derechos humanos del ciudadano pacífico, es la ley que regula el uso legítimo de la fuerza, que contiene una serie de condiciones librescas y, en su gran mayoría, impracticables para alcanzar el umbral de la legitimidad.

Esta malhadada ley exige a la fuerza pública, como regla general, el uso de medios no violentos, como si fueran jueces de paz o negociadores de una ONG en lugar de los depositarios del monopolio estatal en el uso de armas, las que solo pueden emplearse como “respuesta excepcional y de última ratio”. Y la respuesta excepcional, para que sea legítima y no exponga al agente policial a responsabilidades que le pueden llevar a prisión -como ya ha sucedido-, solo se configura cuando concurren, progresivamente, un examen de la legalidad del objetivo a lograr, un discernimiento de la proporcionalidad en función de la amenaza -como si los delincuentes se presentaran con un manifiesto explicitando sus intenciones y el inventario de sus armas-, la “absoluta necesidad”, y otras idioteces de similar factura, que el agente en cuestión debería estar además en capacidad de probar, pues ninguna presunción legal le ampara. ¿Y qué es absoluta necesidad? Lo absoluto, por definición, excluye toda posibilidad de ser otra cosa, extremo inexistente en el contexto de una amenaza a la seguridad. Tan patente es el freno que esta ley supone al combate de la delincuencia que la Asamblea ha tenido que ofrecer indultos y amnistías.

Para guinda del pastel, esta ley extiende una presunción de licitud al derecho a la resistencia -cajón de sastre donde cabe hasta un intento de golpe de Estado, según nos enseña la historia reciente-, aun cuando intervengan “varios actores violentos”. Toda una perla.

La crisis actual ha movido a la Asamblea, al menos en los discursos, a anunciar unidad y apoyo a cualquier reforma legal que beneficie la seguridad. Pues aquí hay una urgente y obvia.