Leemos, como lo más normal y cotidiano, la noticia de una persona apresada o al menos enjuiciada y sentenciada por patear a un perro o despachar al gato predador del vecino, que ya se comió la cacatúa ajena y amenaza al resto de la parvada, o la de un policía sentenciado a prisión por exceso en el uso de la fuerza contra un criminal atajado en flagrancia, junto a otra que reseña cómo sicarios, jefes de bandas y otros delincuentes de marca mayor son liberados, horas después de su captura policial, por jueces en permanente subasta de sus conciencias o simplemente a sueldo de un gran patrón. Esfumar una refinería o los fondos para un hospital público está más cerca, según de quién se trate, de la impunidad o de una condena mínima seguida de prelibertad que un abigeato paramero, que bien podría terminar en hoguera punitiva si el hecho cae en la jurisdicción indígena.

Vivimos un mundo al revés, donde la realidad supera la ficción de El planeta de los simios, infiltrado hasta la médula de las instituciones por las mafias, como ha desnudado el caso Metástasis, donde las personas de bien, las que viven de un trabajo o empresa legítimos, son reducidas progresivamente a un estado de servidumbre e indefensión por quienes se mueven al margen de la ley y sus cómplices, operadores políticos al servicio de los capos, a quienes les abrieron las puertas del Ecuador desde Montecristi.

Ya habrá tiempo de una cirugía mayor al sistema, no podemos renunciar a esta esperanza. Pero antes hay que parar la hemorragia nacional causada por la inédita oleada de crimen, cuestión que no está para juegos, paños tibios ni pollas en vinagre. Mientras el ciudadano común no recupere el derecho a defenderse dentro de su espacio -casa, trabajo, automóvil- y usar letalmente un arma contra cualquier intruso sin tener que preguntarle antes por sus intenciones ni comparar calibres balísticos -condiciones absurdas que hoy exige la ley-, no vamos a recuperar al Ecuador.

Desde el Estado o lo que queda de éste, incapaz de someter a la delincuencia, nos dicen que la seguridad es responsabilidad de todos. Lo será si ponen la ley de parte del ciudadano, porque de momento le sirve al malandro simiesco y deshumanizado. La inminente consulta popular debería aprovecharse para convertir la legítima defensa en una verdadera causa de justificación, sustituyendo el disparate vigente.