Ecuador está en medio de una guerra, pero esta no empezó con la promulgación del decreto presidencial que declaró el “conflicto armado interno”. Tampoco comenzó en gobiernos pasados. Esta guerra tiene su inicio en 1971, cuando el presidente de EE. UU. Richard Nixon le declaró la guerra a las drogas. O quizás empezó antes, cuando en 1919 se prohibió el consumo y expendio de bebidas alcohólicas en EE. UU. a través de la célebre Ley Seca, que brindó a los mafiosos una oportunidad ideal para ganar ingentes recursos económicos mediante la producción y venta ilegal de alcohol.

Cuando en 1933 se abolió la Ley Seca, la mafia simplemente cambió de rubro: el tráfico y la venta ilegal de drogas. Y luego de más de 50 años de que Nixon le declarara la guerra, lo único que se ha logrado es hacer al crimen organizado más poderoso y globalizado.

Para esta guerra se destinan aproximadamente 30 mil millones de dólares anuales, los cuales no han desincentivado en nada a los delincuentes, cuyas ganancias se estiman en 40 mil millones de dólares en el mismo periodo. Una parte significativa de estos recursos se emplea para corromper a funcionarios públicos y socavar las instituciones, contribuyendo así a debilitar la democracia, como lo estamos viviendo en Ecuador y que se ha evidenciado en el caso Metástasis.

Así, la historia de la guerra contra las drogas ofrece lecciones valiosas que deben llamar a la reflexión sobre otros enfoques, considerando alternativas más pragmáticas, como la legalización. Esta medida no solo liberaría recursos considerables, actualmente destinados a una guerra interminable, sino que también podría reducir las ganancias de las organizaciones criminales. Mientras, se podría aumentar la inversión en programas de prevención, tratamiento y reinserción social y abordar de manera más efectiva las raíces del problema.

Todo indica que alcanzar una victoria concreta en la guerra contra las drogas es improbable y para Ecuador estar en el epicentro de este conflicto resulta muy costoso, tanto en vidas humanas, como en recursos y calidad democrática. En este contexto, abogar por la legalización surge como una opción más viable, que no será fácil, pero que probablemente sea más efectiva.