10 + 1

De los 10 puntos de la Conaie, por los menos 5 no ameritan discusión; con seguridad todos, incluso el Gobierno, debemos compartir la misma preocupación y la intención de que sean cumplidos. Estos son los relacionados con seguridad y generación de políticas públicas para frenar la ola de violencia, un mayor presupuesto para Salud y Educación, frenar la especulación de productos de primera necesidad, el pago de las deudas al IESS y trabajar en políticas que mejoren Empleo y derechos laborales, y finalmente, que no se den privatizaciones en los sectores estratégicos.

Es necesario que nos involucremos más como país para entender qué son los 21 derechos colectivos que forman parte de sus planteamientos y sobre los cuales piden que sean respetados. El diálogo para lograr precios justos en productos del campo seguramente dará resultados positivos y con esto, 7 de 10 puntos podrán lograrse con relativa facilidad.

Hay un punto adicional no escrito que en realidad es el elemento central de la protesta y vandalismo que hasta hoy habría o ha cumplido 14 días: que se caiga el Gobierno al finalizar su primer año de gobierno, sin derecho a rectificar luego de una crisis que, en lo económico, arrancó en 2014 con la caída del precio del crudo y elevado endeudamiento, se profundizó por el terremoto de 2016 y se complicó por la pandemia en 2020 más la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022.

Si los tres puntos restantes, que son conflictivos y afectan seriamente a la economía, fueran planteados de manera diferente o al menos puedan soportar un enfoque distinto, con seguridad podría llevar beneficios a la población que deberían representar, pero sus luchas son al final del día por intereses personalísimos.

Si en lugar de pedir congelar el diésel en $1.50 (del actual $1.90), que en un año representa un subsidio adicional de 600 millones, se pidiera que dichos recursos se canalicen por uno o dos años al alivio económico de familias que han sido afectadas durante esta prolongada crisis económica, seguramente podría ser administrado por el Estado. Lo mismo con los casi $ 500 millones de subsidio adicional si se bajara precio de la extra y eco, que podrían canalizarse hacia políticas de reparación de impactos socioambientales vinculados con extracción minera o petrolera y de esta manera cubrir la totalidad de la lista de la Conaie.

Las soluciones de pizarra no siempre se logran al momento de implementarlas y podrían terminar en profundizar en nuevos pedidos con mayor irracionalidad para que se logren aspectos que fueron ocasionados por la puesta en práctica de las medidas iniciales.

La fácil es plantear como salida un decreto de reducción mensual del precio de diésel y extra/eco gradual de 3 % (tal como se lo subió), para que a la vuelta de 8 meses se llegue al planteamiento indígena de $1.5 y $ 2.1 respectivamente. Hasta eso seguramente el precio del crudo habrá bajado y el impacto en el subsidio general será menor. Incluso se podría plantear hacerlo de forma más acelerada, pero en esta alternativa solo habría perdedores. Mayor subsidio demandará mayores impuestos que ocasionarán menores inversiones privadas y por lo tanto menores fuentes de trabajo en un entorno internacional de elevada inflación que se termina importando.