Indefensión apática de los jubilados de la Universidad de Guayaquil
Más de 1.000 jubilados de la Universidad de Guayaquil reclaman el pago de beneficios legales pendientes que afectan su dignidad y calidad de vida.

Fachada de la Universidad de Guayaquil.
El silencio y el incumplimiento constitucional del señor rector de la Universidad de Guayaquil afectan a más de 1.000 jubilados de la tercera edad, quienes sobreviven con dificultades económicas y dependen, en muchos casos, de la ayuda de familiares y amigos.
Incumplimientos afectan a más de mil exdocentes
Han pasado más de diez años desde nuestra jubilación y aún esperamos el pago del bono jubilar por años de servicio, después de haber dedicado entre 25 y 40 años al desarrollo de la institución y a la formación de profesionales que han contribuido al progreso del país.
A pesar de las resoluciones judiciales que ordenan el pago íntegro de este beneficio, las autoridades universitarias insisten en aplicar un reglamento sin sustento legal, en contradicción con la Constitución y la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep), vulnerando nuestros derechos adquiridos.
Reclamo por bono jubilar y pensión complementaria
De igual manera, la Corte Constitucional ha reconocido el derecho de los jubilados a recibir una pensión complementaria que equipare los ingresos percibidos antes de la jubilación. Sin embargo, este beneficio fue suspendido en noviembre de 2021, afectando gravemente nuestra estabilidad económica y desconociendo una garantía legalmente reconocida.
La Constitución establece que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Este principio también ampara nuestro reclamo por la reliquidación de los Fondos de Reserva correspondientes al período 2000-2009, trámite que continúa pendiente y que representa un perjuicio económico para este grupo vulnerable.
Los jubilados de la Universidad de Guayaquil clamamos por justicia y dignidad. Muchos padecemos enfermedades graves, enfrentamos dificultades de movilidad y necesitamos medicamentos y tratamientos que no siempre están disponibles. Cerca de 200 compañeros han fallecido durante esta prolongada espera.
Solicitamos a las autoridades competentes garantizar el respeto de nuestros derechos constitucionales. Señor rector, no pedimos caridad; exigimos el cumplimiento de la ley y una solución justa para quienes dedicamos nuestra vida al servicio de la educación superior.
Juan Rafael Marín Larreta