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Diario Expreso Ecuador

Indefensión apática de los jubilados de la Universidad de Guayaquil

Más de 1.000 jubilados de la Universidad de Guayaquil reclaman el pago de beneficios legales pendientes que afectan su dignidad y calidad de vida.

Fachada de la Universidad de Guayaquil.

Fachada de la Universidad de Guayaquil.ARCHIVO/ EXPRESO

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El silencio y el incumplimiento constitucional del señor rector de la Universidad de Guayaquil afectan a más de 1.000 jubilados de la tercera edad, quienes sobreviven con dificultades económicas y dependen, en muchos casos, de la ayuda de familiares y amigos.

Incumplimientos afectan a más de mil exdocentes

Han pasado más de diez años desde nuestra jubilación y aún esperamos el pago del bono jubilar por años de servicio, después de haber dedicado entre 25 y 40 años al desarrollo de la institución y a la formación de profesionales que han contribuido al progreso del país.

A pesar de las resoluciones judiciales que ordenan el pago íntegro de este beneficio, las autoridades universitarias insisten en aplicar un reglamento sin sustento legal, en contradicción con la Constitución y la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep), vulnerando nuestros derechos adquiridos.

Reclamo por bono jubilar y pensión complementaria

De igual manera, la Corte Constitucional ha reconocido el derecho de los jubilados a recibir una pensión complementaria que equipare los ingresos percibidos antes de la jubilación. Sin embargo, este beneficio fue suspendido en noviembre de 2021, afectando gravemente nuestra estabilidad económica y desconociendo una garantía legalmente reconocida.

La Constitución establece que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Este principio también ampara nuestro reclamo por la reliquidación de los Fondos de Reserva correspondientes al período 2000-2009, trámite que continúa pendiente y que representa un perjuicio económico para este grupo vulnerable.

Los jubilados de la Universidad de Guayaquil clamamos por justicia y dignidad. Muchos padecemos enfermedades graves, enfrentamos dificultades de movilidad y necesitamos medicamentos y tratamientos que no siempre están disponibles. Cerca de 200 compañeros han fallecido durante esta prolongada espera.

Solicitamos a las autoridades competentes garantizar el respeto de nuestros derechos constitucionales. Señor rector, no pedimos caridad; exigimos el cumplimiento de la ley y una solución justa para quienes dedicamos nuestra vida al servicio de la educación superior.

Juan Rafael Marín Larreta

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