Crisis de las dializadoras en Ecuador pone en riesgo a miles de pacientes renales

En Ecuador, cerca de 20.000 personas viven con insuficiencia renal crónica y dependen de la diálisis para sobrevivir. Cada sesión suspendida incrementa los riesgos para su salud, por lo que estos tratamientos no pueden entenderse como un procedimiento más, sino como un servicio esencial cuya continuidad resulta vital.

Miles de pacientes renales dependen de la continuidad de la diálisis

La situación de las dializadoras dejó de ser una alerta técnica para convertirse en una crisis humanitaria que refleja el deterioro del sistema de salud. El Estado depende de una red privada para atender al 88 % de los pacientes renales, pero los retrasos sistemáticos en los pagos del Ministerio de Salud y del IESS han puesto en riesgo la sostenibilidad de estas clínicas.

Detrás de una deuda cercana a los USD 400 millones hay una realidad crítica: centros endeudados, dificultades para adquirir insumos, personal médico sobrecargado y miles de pacientes que viven con incertidumbre. Cada tratamiento cuesta alrededor de USD 1.500 mensuales, monto que las clínicas continúan asumiendo sin recibir reembolsos oportunos.

Aunque el presupuesto de salud supera los USD 5.000 millones, gran parte se destina al funcionamiento del sistema y no contempla la deuda acumulada con los prestadores. Además, la brecha entre los recursos necesarios para medicamentos e insumos y el presupuesto disponible limita el abastecimiento y favorece la acumulación de obligaciones.

El problema detrás de los pagos atrasados del MSP y el IESS

Si bien el MSP y el IESS han anunciado pagos parciales, los atrasos persisten por problemas de planificación, gestión y falta de soluciones estructurales. Reducir esta crisis a un problema financiero invisibiliza las responsabilidades institucionales y el impacto humano que enfrentan los pacientes.

Lo que ocurre con las dializadoras evidencia las falencias de un sistema marcado por desabastecimiento, escasez de medicamentos, demoras en la atención y creciente dependencia del sector privado. Resolver esta crisis implica más que pagar deudas: exige fortalecer el sistema público y asumir la salud como una prioridad nacional y un derecho fundamental.

María Paz Páez Boada