Carta de lectores | Respuesta crítica a: “¿Garantiza el Estado los depósitos?”
Preocupa la forma en que interpreta el rol de los entes de control, como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Asofipse, Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario, organización de tercer nivel que agrupa a siete organismos de integración del sector, que representan aproximadamente 90 % de los activos de las cooperativas de ahorro y crédito de Ecuador, además de la Caja Central, expresa profunda preocupación y total desacuerdo con el contenido del editorial publicado por el Ab. Eduardo Carmigniani en EXPRESO, el 30 de mayo de 2025.
Lamentamos que una tribuna de opinión que debería fomentar el pensamiento crítico y riguroso se utilice para calificar de “babosada” disposiciones constitucionales aprobadas en procesos democráticos, y cuyo objetivo es garantizar que los distintos segmentos del sistema financiero nacional estén regulados de acuerdo a su naturaleza, principios y funciones sociales. Comentarios que faltan al respeto a los más de 6,1 millones de ecuatorianos que confían en el sector popular y solidario.
El art. 309 de la Constitución es una disposición técnica que reconoce que las cooperativas, al ser organizaciones de carácter asociativo y solidario, requieren normativas específicas que resguarden su misión social y su forma particular de operar, sin estar subordinadas a lógicas exclusivamente mercantiles. Equiparar a bancos y cooperativas, como sugiere el editorial, es ignorar principios fundamentales del derecho financiero y los compromisos internacionales asumidos en materia de economía social.
También preocupa la forma en que se interpreta el rol de los entes de control, como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), insinuando que actúa como “garante de los depósitos cooperativos”, conclusión que desinforma y promueve confusión entre los ciudadanos. El que ciertos jueces hayan emitido fallos discutibles no significa que exista respaldo legal al argumento del columnista.
La sentencia que él mismo cita (19 de mayo de 2025) desmonta esa interpretación. El uso ligero de conceptos técnicos, sin el rigor que se espera de un profesional del derecho, genera más ruido que soluciones. La opinión pública merece argumentos informados y propositivos, no calificativos peyorativos ni propuestas de reformas constitucionales sobre la base de percepciones personales. Si se desea contribuir al fortalecimiento del sistema financiero nacional, el debate debe estar sustentado en estudios, evidencia empírica y respeto a la institucionalidad.
Rechazamos que se utilicen espacios editoriales para deslegitimar al sector cooperativo, que históricamente ha promovido la inclusión financiera, el desarrollo local y la economía social en zonas donde la banca tradicional nunca ha tenido presencia.
Descalificar sin conocer la realidad de las comunidades que las cooperativas sirven atenta contra la diversidad del sistema financiero y el derecho de los ciudadanos a organizarse en formas alternativas de economía.
Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la solvencia y el cumplimiento normativo, y exigimos que el debate público se eleve a los estándares éticos y profesionales que el país merece.
Ec. Edgar Peñaherrera G.
Presidente Asofipse
Ec. Juan Pablo Guerra G.
Director Ejecutivo Asofipse
