El arbitraje y la lógica económica

En esta columna, el 7 de febrero de 2026 señalamos que el arbitraje no es un “territorio sin ley”, sino un mecanismo de solución de controversias con plenas garantías y un control constitucional excepcional y delimitado. Hoy corresponde analizar otra de sus fortalezas: pese a su origen privado, el arbitraje ofrece ventajas frente a la justicia ordinaria en áreas críticas para el desarrollo económico, especialmente en predictibilidad, flexibilidad procesal y tutela efectiva.

Muchos critican al arbitraje afirmando que, al carecer de una Corte Nacional que unifique criterios, puede generar decisiones dispersas. Sin embargo, en la práctica comercial ocurre lo contrario. El sistema arbitral tiende a producir altos niveles de predictibilidad porque las partes escogen árbitros especializados, familiarizados con la lógica económica, los usos mercantiles y la dinámica real de los negocios. La predictibilidad arbitral no proviene de precedentes obligatorios, sino de la reiteración de estándares técnicos y criterios especializados que generan confianza, reducen costos de transacción y fortalecen la seguridad jurídica.

El arbitraje resuelve eficazmente las controversias

Otra de sus fortalezas es la flexibilidad procesal. Mientras la justicia ordinaria se encuentra sometida a estructuras rígidas y altamente formales, el arbitraje permite diseñar procedimientos adecuados a las necesidades de cada controversia. Intentar trasladar de forma estricta las reglas del Código Orgánico General de Procesos (Cogep) al arbitraje desnaturaliza el sistema y debilita su capacidad de adaptación.

El arbitraje no elimina garantías ni relativiza el debido proceso. Lo que evita es que el exceso de formalidades impida resolver eficazmente una controversia. El debido proceso no exige ritualismo, sino imparcialidad, contradicción, derecho a la defensa y decisiones motivadas.

En economías que requieren inversión, estabilidad y rapidez para resolver disputas comerciales, un sistema arbitral sólido no debe verse con sospecha, sino como un factor de desarrollo, competitividad y confianza institucional.