Judicatura activa procesos contra funcionarios por red de cobros ilegales en citaciones

El Consejo de la Judicatura inició acciones administrativas internas para sancionar a los servidores judiciales implicados en el denominado caso Citaciones. Esta decisión surge tras los allanamientos realizados por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional en Pichincha, donde las autoridades investigan a una presunta estructura dedicada al cobro de sobornos para agilitar notificaciones legales.

Control disciplinario contra servidores públicos

La presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo Aldaz, confirmó la apertura de expedientes contra el personal bajo sospecha de concusión. El organismo busca determinar la responsabilidad de seis funcionarios que habrían solicitado dinero a usuarios del sistema de justicia a cambio de gestionar documentos con celeridad. La entidad técnica prometió firmeza en la aplicación de la normativa vigente para separar a quienes afecten la transparencia del servicio.

Cooperación en el proceso judicial

La institución judicial ratificó su compromiso de brindar todas las facilidades necesarias a los entes de control para el avance de la instrucción fiscal. El operativo incluyó el registro de dependencias oficiales en el Complejo Judicial Norte de Quito y en el cantón Mejía, además de siete domicilios particulares. Según los reportes públicos, la red operaba mediante denuncias ciudadanas que alertaron sobre irregularidades en el área de citaciones.

Impacto en la integridad institucional

El Consejo de la Judicatura enfatizó que no permitirá el deterioro de su imagen por actos ilícitos de trabajadores aislados. La entidad garantizó el respeto a la legalidad y al debido proceso, pero aseguró que las conductas deshonestas recibirán las sanciones correspondientes. 

Con esta medida, la Función Judicial intenta recuperar la confianza ciudadana, mermada por constantes casos de corrupción y quejas sobre la demora y la supuesta venta de turnos para trámites básicos, además 

del conoció el caso del juez Carlos Serrano, quien denunció presiones por parte de altos directivos de la Judicatura para fallar a favor de intereses narcocriminales. 

Inestabilidad en la cúpula del organismo

La gestión de la Judicatura en los últimos meses también ha enfrendado las consecuencias de una inestabilidad administrativa. La salida de Mario Godoy, tras un proceso de juicio político en la Asamblea Nacional, dejó un vacío de mando. Esta acefalía se agravó con el bloqueo ilegal y administrativo contra Alexandra Villacís, quien a pesar de cumplir con los requisitos, se vio impedida de asumir el cargo debido a incidentes judiciales que frenaron su posesión; y debido a la precipitada carrera por reemplazarla en la el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez Ruiz, jugó un papel protagónico.