Con una acción de protección concedida por la jueza Lenny Solís la semana pasada, el registrador de la Propiedad de Guayaquil, Ivole Zurita, frenó la ejecución de un plan piloto para hacer las inscripciones de propiedades sin libros. La imposición en el área registral, de un plan elaborado por la Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad (creada en 2011), empezó después de que la abogada María José Castelblanco Zamora asumiera la gerencia de la mencionada empresa, en junio de este año.

El lunes 2 de este mes, en entrevista con este Diario, Castelblanco dijo que estaba trabajando en un proceso de cero papeles en el Registro de la Propiedad de Guayaquil, cuando ya la jueza Solís, el pasado 28 de noviembre, había fallado a favor del pedido de Zurita de suspender la ejecución del plan piloto de inscribir sin libros.La razón: porque el plan va en contra de lo que establece la ley y porque todo ello estaba fuera de sus funciones.

Pero no es lo único que ha hecho Castelblanco, en los últimos cinco meses, en el Registro de la Propiedad de Guayaquil, que cuenta con autonomía jurídica. Otra acción fue, en unos casos despedir a personal que Zurita considera vital para el engranaje registral, y en otros cambiarlos de puestos, sin consultarlo, con lo que desmontó la estructura de personal definida desde hace años.

Este Diario solicitó ayer una entrevista con la gerenta de la empresa pública sobre sus acciones y los reclamos que han comenzado a llegar de los usuarios por la demora en los registros de escrituras y otros trámites. Aunque al inicio aceptó conversar con este Diario, después de unos minutos de espera se informó que estaba en una reunión y que le enviáramos las preguntas. A su equipo de prensa se le informó que el único tema a tratar era lo que estaba pasando en el Registro de la Propiedad, por los señalamientos de Zurita, de que estaba interfiriendo en sus funciones y en el área registral, que es de competencia exclusiva del registrador, según lo establecen las leyes vigentes.

Este Diario también pidió, a través de la sala de prensa del Municipio, un pronunciamiento de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, porque tanto la empresa como el registro son municipales y tienen definidas sus funciones a través de leyes y ordenanzas.

En las declaraciones del lunes pasado, Castelblanco dijo a EXPRESO que la misión de la empresa que gerencia “es revisar los procesos registrales” y que dentro de la empresa está el registrador que tiene como finalidad exclusiva la inscripción de los bienes inmuebles. Según ella, lo que hizo fue presionar al registrador para que vuelva a delegar a sus funcionarios, para salir de este caos porque no se ha evacuado lo que está en su bandeja que son 1.300 solicitudes.

El enfrentamiento entre las dos instituciones, que no se había registrado con la administración anterior, ha generado malestar en los usuarios, retrasos en la entrega de documentos y desorden en el personal que actúa con nerviosismo cuando se le hacen preguntas sobre lo que está ocurriendo en la administración y el porqué de los retrasos en los trámites. Ivole Zurita habla de injerencia y hostigamiento al personal registral, que ha comenzado a sufrir problemas de salud.

La situación le pasa factura a la atención a los ciudadanos y ha generado desórdenes.

El jurista Juan Carlos Carmigniani asegura que la providencia de la jueza Solís no impugna el cargo sino los actos que, a su criterio, no han sido legales porque han violentado procesos. Según él, los actos de la gerenta han violado garantías constitucionales.

Otro jurista, José Núñez, asegura que el problema es que no “puede haber dos cabezas en el registro. La gerenta tiene cargos administrativos, no es el registrador de la Propiedad. No puede tomar decisiones que tienen que ver con aplicación de la ordenanza y las leyes”.

• Gestión

Los usuarios reclaman; los formularios se venden en la calle

El conflicto entre la gerenta general de la empresa municipal de Registro de la Propiedad de Guayaquil, María José Castelblanco, y el registrador Ivole Zurita, impacta en la atención de los usuarios: propietarios de inmuebles, entidades bancarias, empresas de seguros y hasta el Banco del Instituto de Seguridad Social (Biess).

Ciudadanos se quejan por la demora en la emisión del certificado de historia de dominio y gravamen, de no poseer bienes, matrícula inmobilaria e inscripciones.

La situación llegó al extremo, que dos juristas presentaron su malestar ante la Defensoría del Pueblo.

Otro inconveniente con el que se encontraron los usuarios era la venta informal de formularios para la solicitud de certificados, requisito dispuesto por la gerencia para efectuar los trámites. La transacción se efectuaba en los exteriores del edificio de la entidad, situado en la calle General Córdova, entre P. Ycaza y Víctor Manuel Rendón.

Los clientes eran personas que por algún motivo evitaban descargar e imprimir el papel desde la página web de la institución (www.rpguayaquil.gob.ec), disposición vigente desde el pasado 23 de septiembre, según muestra una pancarta colocada al ingreso de la dependencia.

Ayer, los pasillos de la entidad pública permanecieron habilitados para la circulación de peatones y usuarios. El lunes último, Castelblanco informó que los comerciantes fueron retirados de manera pacífica por elementos de la Policía municipal.

Zurita deslindó responsabilidad de lo que acontece en el registro y se limitó en indicar a Diario EXPRESO que “toda disposición es exclusiva de la gerencia general”.

Mientras Castelblanco señala que “trabajan para agilizar los procesos y apuntar a los trámites cero papeles, a través de la tecnología”.

Sin embargo, varios usuarios se mostraron preocupados y desorientados. “Antes gestionaba el trámite dentro del edificio y nos ayudaban a llenar el formulario”, enfatiza Leonor García, quien acompañó a un sobrino a la inscripción de un inmueble.

A la adulta mayor le llamó la atención que afuera del edificio pagó 75 centavos por el papel y la ayuda para llenar el documento. “Muchos vienen con el dinero exacto para obtener el documento. Quizá suene insignificante, pero por unos centavos afectan un trámite”, opinó.

Usuarios consultados coincidieron en que el retroceso afecta a la imagen del registro “que hasta hace algunos meses promulgaba la automatización de los procesos, siendo un ejemplo para Ecuador y América Latina”.

Marianela Intriago, quien acudió a gestionar una historia de dominio, cuestiona el contratiempo en los trámites. “Hay atrasos. Deben mejorar el servicio”, manifiesta.

Según la gerencia general, al día atienden un promedio de 400 inscripciones y 150 certificados registrales. JPZ

• Voces

Juan Carlos Carmigniani, abogado 

No es ilegal la estructura societaria. La figura de gerente ya existía. Al parecer lo que ocurrió es que las decisiones tomadas han violado garantías constitucionales. Es consistente la medida cautelar. Probablemente será apelada. Por ahora, se debe suspender el plan piloto. Es la orden.

José Núñez, urbanista

No puede haber dos cabezas en una entidad. En todas las instituciones públicas hay quienes quieren adjudicarse responsabilidades que no les corresponden. Nunca se me ocurrió que haya un impasse interno, la gerenta tiene cargos administrativos, no es el registrador de la Propiedad.

Jaime Rumbea, Director de Apive

Yo me atrevería a decir que lo importante es que este tipo de situaciones acontecidas no pueden afectar ni mantener rehén al usuario. Al momento, la Asociación no presenta ninguna novedad de trámites represados, aunque por todos es conocido que hay una polémica interna.

Ivole Zurita: “Hay injerencia y hostigamiento”

Acceder a la oficina del registrador de la Propiedad, Ivole Zurita, se ha vuelto una tarea difícil. Al control del personal de recepción hay otro, de un grupo de hombres sin identificación que piden los datos de quienes ingresan a hablar con él. Hay empleados de la Empresa Pública Registro de la Propiedad que filtran los ingresos. Bajo una vigilancia no justificada, este Diario habló con el registrador.

- Qué está pasando con el Registro de la Propiedad de Guayaquil. Parece que todo ha cambiado. Hay reclamos de usuarios por tardanzas.

- En 2011, el entoncesalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, creó la Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad con la finalidad de que administre los fondos que produce el Registro de la Propiedad. Se trata de una empresa facilitadora, que no tiene ninguna injerencia en el Registro de la Propiedad. Esa empresa, si yo lo requiero, puede contratar personal  porque su labor es netamente administrativa y la mía, registral. A mediados de este año, con el ingreso de una nueva gerenta, María José Castelblanco, todo cambió. Comenzaron los problemas.

- ¿Por qué hay problemas?

- La abogada Castelblanco entró a trabajar con una agenda equivocada de gestión porque tengo la impresión, por su injerencia, que tiene un desconocimiento total de lo que es el área registral. Se está yendo contra la ley registral y contra la ordenanza que específica cuáles son las funciones de la empresa pública y cuáles las del Registro de la Propiedad. Ella está haciendo tabla rasa de todo y me ha cambiado personal sin consultarlo conmigo.

- ¿Cuántas personas han sido cambiadas o despedidas?

- Entre quince o veinte personas que tienen entre 20 y 25 años de experiencia en el Registro de la Propiedad y que son la base fundamental del área registral.

- ¿A dónde fueron enviados?

- A unos los sacó y a otros los cambió sin tener facultad legal para eso. Pero lo más grave es que, sin tener ninguna atribución, elaboró un plan piloto para que el área registral se maneje sin libros. Yo podría haberlo hecho, pero no lo hice porque la ley no lo permite. La ley dice que debe inscribirse con libros y en la parte digital que tenemos. Para frenar la intención de caotizar el registro, que va en contra de la ley,  tuve que pedir una acción de protección.

- ¿Cuándo la solicitó?

- Lo solicité el 21 de noviembre. En la resolución del 25 del mismo mes, la jueza (Lenny Solís) ordenó la suspensión del plan piloto porque se dio cuenta de que va en contra la ley y de todo principio. El desmantelamiento del área registral está afectando a los usuarios, a los emprendores, a los constructores, a los solicitantes de créditos. Estamos demorando en la entrega de escrituras.

- ¿De cuánto es la demora?

De entre 20 y 30 días, pero estamos tratando de superarlo. Todo ha ocurrido por la injerencia deMaría José Castelblanco. Tengo documentos que demuestran lo que estoy diciendo.

- ¿Se han llenado los puestos vacantes por los despidos?

- Bueno fuera, pero no. Es gente de experiencia que no puede ser reemplazada por cualquiera por más abogados que sean y títulos que tenga. Pero lo más sorprendente es que ahora están devolviendo a la gente a sus antiguos puestos, pero no se reintegra a quienes fueron despedidos sin ninguna razón ni motivo. Lo bueno se mejora, no se destruye y aquí se ha venido a destruir al Registro de la Propiedad. Hay hostigamiento. Hace días se desmayó una joven aquí por la presión que se está ejerciendo.

- ¿Qué va a hacer?

- Estoy defendiéndome, acudiendo a la justicia, por el bien de Guayaquil, por el bien de los usuarios. Quieren provocar el caos, quieren hacer creer que el registrador es el culpable de lo que ocurre.

- ¿Hay riesgos de mal registro?

- Más que nada en las compraventa de inmuebles se pueden cometer errores. Y si estos ocurren, quienes se sientan afectados no se van a ir contra la gerente de la empresa sino contra mí que soy el registrador de la Propiedad.

- ¿Ha hablado del problema con la alcaldesa Cynthia Viteri?

- He enviado cartas precisando que el plan piloto es imposible hacerlo porque se va en contra de la ley.