Exjuez de Azuay es sentenciado a prisión por el delito de prevaricato

El exjuez de Garantía Penitenciarias de la Corte Provincial de Azuay, Bolívar Romo Carpio fue declarado culpable del delito de prevaricato y sentenciado en primera. La resolución fue adoptada en la audiencia de juicio realizada la tarde del martes, 23 de junio de 2026.

Cabe recordar que Romo fue destituido de su cargo en junio de 2025, tras una serie de denuncias realizadas por exasambleístas azuayos, quienes en 2024 revelaron que al menos 28 personas privadas de libertad recibieron beneficios penitenciarios, como prelibertad y régimen semiabierto.

Entre los reclusos favorecidos con estos beneficios constaban personas con sentencias ejecutoriadas por delitos como asesinato, violación, robo y tráfico de drogas.

Romo también fue señalado, en mayo de 2022, por autorizar el traslado de privados de libertad desde Cuenca hacia la cárcel de Bellavista, en Santo Domingo, donde días después se produjo una masacre que dejó 44 internos fallecidos.

Detalles del proceso judicial

Según consta en el expediente público del proceso judicial, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay declaró, por unanimidad, culpable al exjuez de Garantías Penitenciarias Bolívar Romo Carpio por el delito de prevaricato, tipificado en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El proceso penal se originó por las actuaciones judiciales adoptadas por Romo dentro de la situación penitenciaria de Fausto Saavedra Cuadrado, condenado por el delito de violación en el caso Gaby Díaz. La Fiscalía sostuvo que el exjuez emitió una resolución contraria a una norma expresa dentro del ejercicio de sus funciones como juez de Garantías Penitenciarias.

La Fiscalía presentó como prueba expedientes judiciales, resoluciones de tribunales de Chimborazo, actuaciones relacionadas con garantías penitenciarias y documentación del Consejo de la Judicatura, incluida una declaratoria de error inexcusable emitida en contra del exjuez.

Tras la deliberación, el tribunal resolvió declarar a Romo autor directo y responsable del delito de prevaricato, imponiéndole una pena de cinco años de prisión y una multa equivalente a 10 salarios básicos unificados (4.820 dólares).

La sentencia es de primera instancia, por lo que el acusado aún puede interponer un recurso de apelación antes de que la condena quede en firme y ejecutoriada.