Fue la ministra de Gobierno María Paula Romo la que encendió las alarmas durante el anuncio de la implementación del sistema de medidas de protección para víctimas de violencia. 

Se trata de una herramienta digital que permitirá, de forma ágil, implementar medidas administrativas de protección contra la violencia contra las mujeres, otorgadas y coordinadas. En el acto participaron autoridades de seis instituciones. 

Este martes 21 de enero se oficializó la implementación. Es un modulo externo para otorgar las medidas, señaló la presidenta del Consejo de la Judicatura María del Carmen Maldonado. Uno de los objetivos es facilitar el otorgamiento de las medidas con una reducción del tiempo en el proceso de las solicitantes. Los aplicativos digitales acercan a las mujeres de las zonas rurales, dijo Maldonado. 

Maldonado también enfatizó en que seis de cada 10 mujeres sufren violencia y urgió la necesidad de detenerla. "Merecemos vivir en sociedad de personas libres e iguales", destacó.

La ministra María Paula Romo recordó que en 2018 se registraron más asesinatos por violencia interpersonal que por la violencia criminal. En 2019 hubo una variación. Casi la mitad de asesinatos tiene que ver con la forma como nos relacionamos, expresó la ministra. 

El Ministerio tiene 2.634 puntos de protección, hay 756 tenencias políticas, 253 comisarias y 24 intendencias facultadas para expedir medidas de protección, según continuó Romo con la explicación. Adicionalmente, destacó que en el país existen alrededor de 35.000 policías que trabajan en temas de violencia de género y en el eje preventivo hay 34.000 policías. El año pasado se recibieron mas de 100.000 llamadas de emergencia relacionadas con ese tema que no solo involucró a mujeres. Para atención a niños y niñas hay más de 700 funcionarios policiales. 

Según la ministra, en 2019 las tenencias políticas otorgaron ya 2.680 medidas administrativas. De esa concesión hubo inconvenientes para un teniente político que fue acusado de usurpación de funciones por dictar medida administrativa prevista en la ley. Pidió mayor compromiso de capacitación. Tras el lanzamiento de la herramienta digital, Susana Robalino teniente política de Pomasqui, en el norte de Quito, será la primera implementar el proyecto.

La fiscal Diana Salazar destacó que la herramienta busca mejorar la atención a las usuarias. Ofreció que como aporte al proyecto, la Fiscalía entregará 800 firmas digitales a los fiscales del país, eso incluye a los 308 de fiscales de género. Se hará a partir de marzo y de forma gratuita. Habrá énfasis en la capacitación del personal.