El viacrucis de identificar a los migrantes extraviados

En la morgue del condado tejano de Zapata, Estados Unidos, están acostumbrados a los cuerpos sin nombre. 0365: mujer joven, cabello negro, estampita de la Virgen de Guadalupe en el pantalón. 0432: hombre de edad mediana, tatuaje del escudo del Cobán Imperial de Guatemala en el hombro. 0481: tibia y fémur izquierdos.

Ahí terminó Daniel Ávila, un taxista de 44 años que dejó su Gualaceo natal por la quimera de llegar a Estados Unidos y darles a sus hijas una vida más próspera. Salió de casa en noviembre de 2016, esperando empezar el siguiente año cumpliendo el ‘sueño americano’. Escucharon su voz por última vez el 27 de enero de 2018. Estaba feliz, había llegado al río Bravo. Solo quedaba cruzarlo. Pero nunca llegó.

Durante un año y medio sus familiares en Ecuador lo buscaron desesperadamente. Se comunicaron con la asociación 1800 Migrante, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, con todas las morgues en la zona fronteriza a las que pudieron acceder. En julio de 2018, la identificación por ADN dio positiva y Daniel pudo volver a casa.

Pero su historia no es la regla, sino la excepción. Según datos de la organización, entre 2010 y 2019 se han reportado 133 migrantes ecuatorianos desaparecidos en la zona. La Cancillería señala que son 98. Pero estos son solo una parte del total que se reporta cada año, y apenas un porcentaje de los aproximadamente 6.023 restos encontrados en California, Arizona, Nuevo México y Texas anualmente, según cifras de la Patrulla Fronteriza de EE. UU.

¿Qué tan fácil es identificar a los desaparecidos? Katherine Spadley, directora del laboratorio forense de la Universidad Estatal de Texas, lo explica en una entrevista. “Las morgues de las ciudades pequeñas no tienen el equipamiento o la tecnología para hacer la identificación. Entonces envían los restos a laboratorios más grandes, pero muchos no tienen los fondos para el proceso de transportación o de realización de pruebas. Regularmente, los cuerpos quedan almacenados o terminan en fosas comunes”.

La experta es parte de la ‘Operación Identificación’ que realiza el centro de estudios, cuyo fin es extraer ADN de los restos para que estos ingresen a la base de datos estatal y en algún momento puedan ser devueltos a sus familiares.

No obstante, Spadley agrega que en muchos casos los cuerpos permanecen en el sitio porque los familiares en ese país se rehúsan a dar muestras de tejidos a las autoridades para evitar que oficiales de migración los detecten y los deporten. “Hay un proyecto de ley que fue entregado al Congreso, que impediría que ICE (Migración) pueda usar esos datos, pero aún no está aprobado”, señala. De paso, el país no cuenta con un sistema centralizado para identificar los restos de migrantes. Las autoridades deben solicitar información a cada estado individualmente.

Para las familias, iniciativas como la del centro de estudios u organizaciones no gubernamentales como el Centro Colibrí, se han convertido en su única opción. Esta última maneja una base de datos alterna con la que trabaja para identificar a las víctimas y en los últimos años ha logrado identificar a más de 50 desaparecidos.

Otras, como Humane Borders, se dedican a la entrega de víveres en las rutas más peligrosas y a la prevención. Esta entidad, por ejemplo, cuenta con un mapa en el que señala los puntos en la frontera donde se han encontrado más restos humanos y comparten estos datos con el fin de que los viajeros sepan qué caminos evitar.

En México, las dificultades para identificar los cuerpos tampoco aminoran. El país no cuenta con un registro nacional de ADN y recién en febrero de este año se anunció la creación de un Instituto Nacional de Identificación Forense. Según datos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Ciudad de México, el país aún debe identificar 26.000 cuerpos hallados en fosas clandestinas y fosas comunes, cifra de la cual creen que un 10 % responde a migrantes centro y sudamericanos.

Alejandro Encinas, subsecretario de la entidad, subraya que la creación del instituto es una deuda pendiente y que esperan que, una vez que esté en funcionamiento, puedan dar respuesta a quienes buscan a sus desaparecidos. “Apuntamos a un enfoque diferenciado que nos permita atacar las tareas de búsqueda en todo el país que, lamentablemente, se ha convertido en una enorme fosa clandestina”, recalca.

Sin embargo, para los familiares, los protocolos y las estadísticas significan poco o nada. Ellos solo quieren respuestas. Mercedes Llivisupa, por ejemplo. Su hija Lourdes partió en 2010, pero nunca llegó a Los Ángeles. O Eugenia Sogso, hermana del ambateño Juan Matza. Lo último que supo fue que se perdió cruzando el río Bravo en 2017. Pese a ello, todavía no pierden la fe de que un día, así sea en una urna, sus seres queridos vuelvan a casa.

Polémica

La muerte como decreto estatal

En mayo, el New York Times publicó un reportaje sobre la migración en la frontera. En este reveló que, en 1994, el Gobierno de Bill Clinton desarrolló una estrategia conocida como ‘Prevención por medio de la disuasión’, que consistía en reforzar los puntos más populares del cruce ilegal para forzar a los indocumentados a adentrarse en terreno peligroso y así reducir el índice de personas que realizaban el viaje. Esta dio como resultado un alza del 325 % de muertes de migrantes en un promedio de veinte años. Estas muertes fueron consideradas una medida efectiva que demostraba que la estrategia funcionaba. Y pese a que la Patrulla Fronteriza realiza rescates en las zonas más inhóspitas, sus funcionarios también sabotean los esfuerzos de las organizaciones humanitarias que dejan agua y víveres a los viajeros. El caso más reciente es el del activista Scott Waren, cuyo juicio en Arizona inició la semana pasada. Es acusado de fomentar la migración ilegal y, de ser hallado culpable, puede pasar 20 años en prisión.

Katherine Spadley, directora Laboratorio Forense de la Universidad Estatal de Texas

“No hay fondos para analizar los restos”

¿Qué tanto complica la búsqueda de los desaparecidos el que no haya una base de datos nacional de los restos?

Muchísimo, porque las cifras no son reales. Las únicas que se contabilizan son las de la Patrulla Fronteriza, no las de los restos que encuentran las autoridades locales. Es decir, el año pasado la cifra fue de 243 cuerpos, pero podría ser muchísimo más y no lo sabemos.

¿Cuál es el principal obstáculo para la identificación?

La falta de fondos. En Texas, el costo del proceso es de $ 2.250 por cuerpo. En Brooks County, de donde llegan los restos que nosotros analizamos, su presupuesto no cubre la autopsia de tres cuerpos, mucho menos de los 129 encontrados el año pasado. Por eso muchos solo son enterrados, sin toma de ADN ni investigación.

¿La leyes migratorias también son un impedimento al proceso?

Sin duda. La base de datos más grande de desaparecidos es la del Departamento de Justicia. Antes, fundaciones como el Centro Colibrí podían ingresar sus hallazgos, pero un cambio en la política ahora lo impide. Además, en estados como Arizona las autoridades pueden preguntar el estado migratorio de los denunciantes, entonces muchas familias no reportan.