Una travesia sin rumbo para la crisis carcelaria

Las discusiones estériles, sin conclusiones, o la demora en el trámite de las leyes, califican el trabajo del Legislativo. Ayer, se cosechó otra muestra con el planteamiento por más de dos horas sobre un proyecto de resolución, bienintencionada pero sin definición, que buscaba “exhortar” al presidente Lenín Moreno para indultar a personas privadas de la libertad y “evitar los hacinamientos en las cárceles del país”.

La propuesta era en favor de 21 personas que estaban cumpliendo sentencias por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos. Al momento, en el sistema carcelario el número de detenidos sobrepasa los 40.000.

El debate fue intenso y no se llegó a nada, y la resolución no fue votada. El tema carcelario quedó relegado a pesar de que el país vio cómo en varias prisiones hubo enfrentamientos y personas fallecidas que determinaron que el Gobierno decrete la emergencia en el sistema carcelario.

A esto se suma la demora en el tratamiento de leyes importantes que tienen que ver con la seguridad ciudadana que tanto se habla. Ahí están las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que por decisión del mismo pleno se estableció que en estas se incluya, como insumo, el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, planteada por el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en enero del 2018.

Otra norma que está paralizada es el Código de Seguridad que abarca los temas de seguridad ciudadana, inteligencia, defensa nacional y gestión de riesgos. Esta propuesta fue presentada en noviembre del año anterior, y se sumó a varios proyectos que presentaron los asambleístas y está en manos de la Comisión de Relaciones Internacionales, organismo que al momento tiene problemas en su funcionamiento porque una mayoría pide explicaciones a su titular, Fernando Flores, por las denuncias de falsificación de firmas. La Mesa solo se ha reunido cuando hay la comparecencia de los ministros de Estado, pero no para temas legislativos.

A pesar de esto, los asambleístas creen que el tema de inseguridad en el país no es cuestión de la aprobación de las leyes, sino que acusan a la justicia y otros entes de no aplicar la normativa vigente.

“Si hacemos memoria, veremos que el Ecuador es el país que más número de leyes tiene, estamos hablando sobre las 50.000 leyes. No es falta de leyes o de una norma legal para que funcione la seguridad, sino que no se cumplen las vigentes y no hay quién las haga cumplir”, dijo a EXPRESO el asambleísta René Yandún (BIN), y vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales.

Criterio con el cual comparte el coordinador del Bloque de Acción Democracia Independiente (BADI), Eliseo Azuero. “En el país no hace falta leyes, el problema es la aplicación de las mismas. La falla fundamental de la inseguridad jurídica o de la inseguridad social está basada en la pésima administración de justicia, en la cooptación de la justicia para una agrupación política y que no se logra cambiar”, aseveró.

“Es evidente que la Asamblea no ha elegido dentro de su agenda los temas prioritarios y sustantivos, hoy se ha debatido casi dos horas un exhorto a las competencias que tiene el presidente de la República, esto es estéril, cuando se pudo estar debatiendo las reformas al COIP”, señaló la asambleísta Marcela Aguiñaga (RC).

Ella va más allá. Asegura que en la presidencia de la Asamblea hay varios proyectos de ley que están detenidos en la Presidencia de la Asamblea, como las reformas a la Ley de Función Judicial.

Alerta en prisión

Emergencia

El pasado 16 de mayo de 2019 el presidente de la República, Lenín Moreno, decretó el estado de emergencia por 60 días en el sistema carcelario, debido a los incidentes de violencia que se han presentado. Se extendió por 30 días más.

Fallecidos

Hasta el 22 de julio se confirmó que el número de fallecidos en las cárceles del país durante la vigencia del estado de excepción llegó a 14. Esta problemática no ha sido superada por las autoridades que también han tenido que soportar varios amotinamientos.

Heridos

Una revuelta en la cárcel de Tungurahua dejó seis personas privadas de la libertad (PPL) heridas. Según el gobernador de Tungurahua, Juan Ignacio Gortaire, la revuelta en el centro carcelarío habría sido por la requisa de un televisor.