Son niños, adolescentes, jóvenes, adultos o personas de la tercera edad. Si su vida corre peligro o se encuentran involucrados en una causa penal pueden acogerse al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

Al momento, hay 2.925 personas. De ellos, 261 son testigos protegidos.

¿Cuál es la diferencia? Según la Fiscalía, cumplen un rol importante en un proceso penal porque pueden proporcionar información sobre los actos delictivos y las personas investigadas.

Los últimos testigos protegidos se vincularon en dos casos polémicos: González y otros, y la investigación por la muerte del exintegrante de Alfaro Vive Carajo, Arturo Jarrín.

A pesar de los motivos de la Fiscalía, la inclusión de estas figuras es cuestionada por abogados como el guayaquileño Luigi García. Él defiende a cuatro procesados por la supuesta desaparición forzada de cuatro personas tras el asalto a una farmacia de Guayaquil, en noviembre de 2003.

García cree que son protegidos para que declaren en contra de los otros procesados. En el caso Jarrín, por ejemplo, asegura que se incluyó “a las personas investigadas y se logró que declaren contra sus propios compañeros”.

Sobre el caso González precisa que “a esa persona (Erwin Vivar), que es prófugo de la justicia, que se mantuvo 13 años fuera del país y que cometió fraude procesal, lo premian incluyéndolo en el programa para que declare en contra de la institución policial”.

Pablo Encalada, abogado y exasesor en la Fiscalía, señala que esta protección es una institución necesaria. “Siempre se necesita de testigos o víctimas que declaren contra las personas acusadas”, dice. Según él, es normal que las víctimas no quieran ir a los juicios por temor.

El ingreso al sistema y la salida son voluntarios. Aunque hace falta que exista una investigación preprocesal o un proceso en el que se detecte la existencia de amenazas o riesgos. El procedimiento de protección es reservado.

Freddy Lala, migrante que sobrevivió a la masacre de 74 personas en Tamaulipas, México, en 2010, fue testigo protegido. Su testimonio fue determinante para procesar a los culpables. Dejó el Sistema en 2013, cuando desapareció el peligro.

Los resultados no siempre han sido positivos. Desde 2010 hasta 2014, al menos cuatro testigos protegidos fueron asesinados. Uno de ellos fue Carlos Gómez Junco, quien declaró contra el narcotraficante (fallecido), Óscar Caranqui.

Son niños, adolescentes, jóvenes, adultos o personas de la tercera edad. Si su vida corre peligro o se encuentran involucrados en una causa penal pueden acogerse al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

Al momento, hay 2.925 personas. De ellos, 261 son testigos protegidos.

¿Cuál es la diferencia? Según la Fiscalía, cumplen un rol importante en un proceso penal porque pueden proporcionar información sobre los actos delictivos y las personas investigadas.

Los últimos testigos protegidos se vincularon en dos casos polémicos: González y otros, y la investigación por la muerte del exintegrante de Alfaro Vive Carajo, Arturo Jarrín.

A pesar de los motivos de la Fiscalía, la inclusión de estas figuras es cuestionada por abogados como el guayaquileño Luigi García. Él defiende a cuatro procesados por la supuesta desaparición forzada de cuatro personas tras el asalto a una farmacia de Guayaquil, en noviembre de 2003.

García cree que son protegidos para que declaren en contra de los otros procesados. En el caso Jarrín, por ejemplo, asegura que se incluyó “a las personas investigadas y se logró que declaren contra sus propios compañeros”.

Sobre el caso González precisa que “a esa persona (Erwin Vivar), que es prófugo de la justicia, que se mantuvo 13 años fuera del país y que cometió fraude procesal, lo premian incluyéndolo en el programa para que declare en contra de la institución policial”.

Pablo Encalada, abogado y exasesor en la Fiscalía, señala que esta protección es una institución necesaria. “Siempre se necesita de testigos o víctimas que declaren contra las personas acusadas”, dice. Según él, es normal que las víctimas no quieran ir a los juicios por temor.

El ingreso al sistema y la salida son voluntarios. Aunque hace falta que exista una investigación preprocesal o un proceso en el que se detecte la existencia de amenazas o riesgos. El procedimiento de protección es reservado.

Freddy Lala, migrante que sobrevivió a la masacre de 74 personas en Tamaulipas, México, en 2010, fue testigo protegido. Su testimonio fue determinante para procesar a los culpables. Dejó el Sistema en 2013, cuando desapareció el peligro.

Los resultados no siempre han sido positivos. Desde 2010 hasta 2014, al menos cuatro testigos protegidos fueron asesinados. Uno de ellos fue Carlos Gómez Junco, quien declaró contra el narcotraficante (fallecido), Óscar Caranqui.