La tension prevalece en las casas colectivas

En un espacio que no supera los 24 metros cuadrados, los esposos César Zúñiga y Fanny Espinoza acondicionaron la sala, el comedor, la cocina y el baño. También el dormitorio, que lo comparten con sus cuatro hijos menores de edad.

Así ha vivido esta familia en los últimos siete años, cuando llegó a ocupar, gracias a una amistad, uno de los aproximados 120 departamentos que conforman las casas colectivas de las calles José Mascote y Gómez Rendón.

Zúñiga lleva el sustento con lo que obtiene a través del reciclaje; también vende tortillas que prepara su esposa. El ingreso familiar mensual no es más allá de 200 dólares.

Los rumores de un posible desalojo de los cuatro bloques que conforman el complejo preocupa a los esposos, pues no cuentan con los recursos económicos para ir a otro lugar.

“Así como ayuda a extranjeros, el Gobierno debe preocuparse por nosotros”, manifestó Espinoza, mientras camina por un angosto y oscuro callejón.

La presencia de las autoridades, desde la semana pasada, alteró el ambiente en el sitio.

Un equipo de Diario EXPRESO evidenció varios problemas, como cableados eléctricos a la intemperie y alcantarillado obsoleto.

Los departamentos son de construcción mixta, predominando la madera en el piso y tumbado. Los más amplios miden 30 metros cuadrados.

Nancy Espinoza, residente desde hace dos décadas, exhibió recibos que canceló hasta hace 10 años al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Afirmó que incluso pretendían firmar un convenio con la entidad, “pero recibimos como respuesta que la única opción era abandonar el sitio”.

Luego vino el retiro de los medidores. Dejaron de recibir las planillas por consumo de agua potable y luz.

“Dirían que nos beneficiamos; pero fue lo contrario, pues no tenemos crédito en ningún lado”, lamentó Adriana Chávez, quien reside en el sitio desde hace 28 años con su hijo.

Los moradores desmienten que el lugar sea escondite de ladrones y drogadictos. Creen que la imagen negativa fue orquestada por ciertos exfuncionarios del IESS, para desprestigiarlos y motivar el desalojo.

Sin embargo, por seguridad las puertas principales tienen candados, a cuyas llaves solo pueden acceder los inquilinos.

El policía Ronald Bustamante indicó que por lo regular los robos se cometen en la calle José de Antepara.

“Los afectados nos dicen que los antisociales se meten en las casas colectivas, pero llegamos al sitio y no los encontramos”, comentó Bustamante, quien añade que por lo general no hay denuncias para seguir con las investigaciones.

El uniformado es uno de los 12 que permanecen en cada turno de 8 horas. La logística de seguridad la complementan un patrullero, 2 motos y una unidad de reacción.

En la reunión que encabezó el lunes último el gobernador Julio César Quiñónez se definieron aspectos para una intervención integral e interinstitucional en el sitio, como efectuar un censo psicosocial.

El urbanista Carlos Jiménez opina que antes de pensar en una demolición debería pensarse en proyectos de intervención específicos. “De nada sirve renovar edificios, si a los alrededores no hay parques, planteles, fuentes de trabajo. Una vez más concentrar pobres... serán parches”, dijo.

El especialista en Planificación Urbana Regional, Luis Alfonso Saltos, indica que antes de evaluarse la calidad patrimonial de las casas colectivas debe considerarse que Guayaquil es una ciudad que su desarrollo urbano en las últimas décadas ha sido horizontal, es decir viviendas unifamiliares.

“Las edificaciones o inmuebles multifamiliares son el referente arquitectónico del desarrollo vertical de un modelo de ciudad que por motivos económicos, sociales y políticos no se mantuvo”, remarcó.