La defensa de Gabriela Beltrán insiste que su usuario y contraseña para el sistema de ingresos para sorteo en el sistema Satje de la Función Judicial fue utilizado fraudulentamente por una presunta red que operaría en el Consejo de la Judicatura no solo para el caso Yunda.

La servidora reveló que sus claves fueron usadas en al menos 15 ingresos. Por eso fue ayer a la Fiscalía de Pichincha a pedir que investigue el caso. En su denuncia explicó que para ingresar y expedir el acta de sorteo del caso del alcalde de Quito en disputa, Jorge Yunda, “usurparon mi identidad, falsificaron mi rúbrica, ingresando dicha causa en una unidad Civil”, con sede en Iñaquito.

Reiteró que la única posibilidad de obtenerla irregularmente involucra a funcionarios del Consejo y de la Dirección Provincial de Pichincha. Afirmó que el de Yunda no es un hecho aislado y acompañó evidencias que existen varios roles activados ilegalmente a su nombre en otras unidades judiciales en las que ella no labora y que han sido utilizados para el ingreso de muchas causas.

Su defensor Ciro Guzmán citó que entre estas estaría una acción presentada por la minera Hanrine el pasado 16 de junio en la unidad en la que ella labora. Dijo que bajo el mismo esquema se simuló el sorteo de la acción de protección que la concesionaria de las minas de Buenos Aires interpuso contra el Ministerio de Gobierno y la comandante de la Policía Tannya Varela.

El recurso fue sorteado a la Unidad de la Familia y fue conocido por el juez Byron Vallejo, que lo aceptó y declaró vulnerados los derechos de la representada por Carlos Miguel III. Esas vulnerabilidades eran en los derechos a la libertad de tránsito, libertad de ejercer actividades económicas, seguridad jurídica y el derecho al trabajo, así como el derecho de petición.

En un comunicado, la minera señaló que fue planteada como una acción constitucional cumpliendo totalmente con los requisitos legales que se prevén para el efecto. Aclaró “que las fallas en el sistema no pueden atribuirse ni a mi representada ni a mis patrocinadores”.

Por su parte, la Judicatura informó a EXPRESO que sus autoridades y dependencias han brindado las facilidades a la Fiscalía para completar y recopilar información en los procesos que lleva adelante. El Consejo tiene abiertas dos investigaciones a seis servidores suspendidos por disposición de la presidenta María del Carmen Maldonado, de los cuales cuatro han sido sumariados.

Guzmán afirma que con los propios documentos recabados en la Judicatura se determinó que era un modus operandi. Pero, a pesar de las evidencias, la Judicatura habría dicho que fue negligencia de su cliente, reiteró Guzmán.