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Solucion legitima y justa
Como rector del Sistema Nacional de Educación, el ministro responde por la correcta aplicación de la normatividad legal, respetando y haciendo respetar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de todos los actores del sistema, sin perjudicar a unos para favorecer a otros. Bajo esta premisa, es necesario dar una solución legal, justa y equitativa, para evitar el colapso de la educación particular por el aumento de la mora. No pagar 4 meses por parte de 3 estudiantes deja sin sueldo a 2 profesores, vulnerando sus derechos privilegiados de alimentación, vestuario, salud, educación y subsistencia de sus hijos y familia; además de perjudicar a los otros padres que sí pagan y a la calidad educativa.
El ministro ha expresado que sí existen medidas para hacer que se cumpla la obligación; una es no conceder matrícula el próximo año lectivo y la otra demandar por la vía judicial. Gracias por reconocer esos derechos, pero son tardíos, pues hay que esperar que pase todo el año sin pagar, causando mucho más daño al equilibrio financiero institucional. Una solución es que si el representante no paga un mes de pensiones, la institución espere. Al segundo mes, lo llama para ver si tiene problemas y encontrar soluciones. Al tercer mes de mora ya tiene un problema, no puede pagar la pensión educativa, y para evitar mayor incidencia emocional o económica, tanto al padre como al estudiante, que se recurra a la obligación garantizada por la Constitución: que el Estado proporcione al menor la educación gratuita y de calidad en una de las instituciones fiscales, que todos los ecuatorianos mantenemos con nuestros impuestos. Al efecto, el rector del establecimiento particular remitirá a la Dirección Distrital el récord académico del estudiante, para su reubicación en una unidad fiscal, y así no se perjudica el derecho a la educación del menor y tampoco a la institución particular, quedando a salvo el derecho de la institución de cobrar los valores adeudados.
Como ciudadano y educador propongo una solución viable. Corresponde al ministro analizarla con equidad y justicia, para su implementación.
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