Antes de la solidaridad llego una amnistia fiscal
El 84 % de la contribución solidaria por patrimonio se recaudó de junio a septiembre de 2016, el año con más declaraciones nuevas.
Cada desliz descubierto en el manejo de los recursos del terremoto da más argumentos a quienes pedían que se creara un fideicomiso, separado de la cuenta de Finanzas, para recibir los millones recaudados en impuestos solidarios. La última revelación es la aplicación de una amnistía fiscal para quienes dejasen de ocultar su patrimonio total. Se dispuso mediante decreto, como ley secundaria y con una publicidad inexistente que contrastaba con la intensa promoción de las medidas oficiales para la reconstrucción.
Según denunciaron ayer tres asambleístas del bloque CREO, el entonces presidente Rafael Correa decretó que no habría sanción -castigo penal ni multa económica- para las personas que hicieran aflorar el verdadero monto de su patrimonio y, después, pagaran la contribución solidaria correspondiente con base en él.
Así se explica que las declaraciones de patrimonio de Ecuador sinceraron 3.927 millones de dólares que habían estado ocultos del fisco entre 2009 y 2016, que es el periodo que resultaba exento de multas o delitos de acuerdo con el decreto 1073 que aprobaba el reglamento a la ley solidaria.
Con las declaraciones nuevas o sustitutivas, el Servicio de Rentas Internas recaudó por contribución al terremoto a través del patrimonio de los ecuatorianos 218,1 millones de dólares, del total de 1.630 millones obtenidos por la ley solidaria. Dicha contribución por patrimonio solo gravaba a quienes tenían más de un millón de dólares en su haber.
El asambleísta César Carrión, apoyado por sus colegas de bancada Fabricio Villamar y Esteban Bernal, fue quien presentó ayer cifras, obtenidas del SRI, que dan cuenta de que 5.810 contribuyentes legitimaron casi 4.000 millones en patrimonio que tenían oculto desde 2009 y que, tal y como disponía el decreto presidencial, no pagaron multa ni fueron sancionados por el delito de defraudación tributaria. Haciendo una regla de tres, cada uno de esos contribuyentes legitimó de un plumazo 676.000 dólares en promedio.
Al legislador le llama la atención que, mientras en 2010 se declaró en el país $ 145 millones en 2016, tras la promulgación de este reglamento, la cifra alcanzó $ 1.927 millones. La suma de todos los años da los 3.927 millones en cuestión. “Yo me pregunto: ¿de dónde salió ese dinero? ¿De los sobornos de Odebrecht? ¿De los contratos con China? ¿De los sobreprecios? ¿Del narcotráfico? ¿O de otras actividades dudosas?”.
El caso fue presentado a la Contraloría General del Estado que, según el legislador, abrió dos exámenes especiales y a la Fiscalía. Carrión también pidió información al SRI sobre los supuestos beneficiarios de este decreto desde diciembre.
“Espero que la Fiscalía investigue este acto que tiene tintes delictivos porque podría haber encubierto incluso un colosal lavado de activos, además de legalizar la defraudación tributaria”, señaló el asambleísta por Cotopaxi.
La Contraloría ya tiene, además, un informe borrador donde cuestiona que parte del dinero para la reconstrucción del terremoto se usó para otros fines. Por ejemplo, con 75 millones que debían haberse entregado en créditos se compraron Certificados de Tesorería que daban liquidez al Gobierno anterior. También se usó dinero solidario para devolver el IVA en Esmeraldas y Manabí.
Más cuestionamientos
- El préstamo del FMI no se usó en la reconstrucción, pese a lo anunciado, sino para la balanza de pagos.
- Kits de alimentos se encontraron almacenados, tres meses después del sismo, y algunos con fecha próxima a caducar.
- 120 millones para proveedores. Se pagó a contratistas que tenían pendientes de antes del terremoto. Fue en la época de Patricio Rivera, en Finanzas.
- $ 300 millones ociosos. El exministro De la Torre usó dinero también para otros fines. Después lo devolvió.
