Una sentencia cuestionada desde varios frentes

El calificativo es unánime. Defensores de los derechos humanos, autoridades públicas y juristas consideran que la sentencia contra dos de los 29 de Saraguro es “desproporcionada”.

El tribunal Penal de Loja -integrado por Pablo Narváez, Mercy Hurtado y René Muñoz- impuso la pena de cuatro años de cárcel a los dos ciudadanos por presunta paralización de servicio público, el 17 de agosto de 2015. Ese día se realizó el levantamiento indígena y paro nacional.

Para el defensor público general, Ernesto Pazmiño, y la jurista y catedrática universitaria, Paulina Araujo, la decisión es criticable. Con ellos coincide la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh). Mediante comunicado, el organismo expresó su rechazo a la condena para Luisa Lozano y Amable Angamarca, en Loja. “Es arbitraria e ilegítima porque vulnera los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas reconocidas en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos”, indica el texto.

Pazmiño agrega que “es brutalmente desproporcionada. Es una sanción al derecho a la protesta y evidencia la falta de independencia de los jueces”, dijo a EXPRESO.

Agregó que cuando se trata de procesados pobres o dirigentes populares “los jueces encuentran fácilmente agravantes para incrementar las penas al máximo establecido en la ley”.

Araujo considera que sanciones de este tipo están dirigidas a quienes se oponen a las políticas del Gobierno.

El fallo es de primera instancia y puede apelarse tres días después de la notificación. MCV

Hubo detenidos en 10 provincias

Según la Conaie en 2015 más de 100 personas fueron judicializadas luego de las jornadas de movilización del levantamiento y el paro nacional, impulsadas por el movimiento indígena, organizaciones sindicales y sociales.

Las acusaciones para ellas fueron por sabotaje que sancionaron entre cinco y 10 años de cárcel; paralización de servicio público que impone penas de entre uno y tres años de prisión; ataque o resistencia que aplica penas de entre seis meses a tres años de encierro. Se han registrado casos en 10 provincias del país.