La seguridad hace aguas

Circular por vías fluviales o marítimas equivale a exponerse. Desde hace años, la navegación por mar o por las entradas de agua salada en tierra firme conlleva el riesgo de toparse, cada vez con más recurrencia, a la delincuencia común. Lo han denunciado los pescadores artesanales, los camaroneros y hasta las embarcaciones turísticas.

El patrón se repite y las quejas también. Pero la solución definitiva no ha sido implementada. Se han ofrecido rutas seguras para transportar la mercancía de exportación que pierde miles de dólares en un simple golpe, se ha ofrecido aumentar la presencia de efectivos de seguridad y los patrullajes en el golfo y en el mar, se habla desde hace tres años de un dispositivo de rastreo satelital para las pangas, que evite que los pescadores artesanales se queden a la deriva hasta que llegue, por coincidencia, un rescate y, sobre todo, se ha destinado una millonaria cantidad de recursos del Estado en compensar pérdidas, reemplazar motores y en incentivos a la pesca y el camarón para potenciar dos pujantes industrias nacionales. Pero la seguridad sigue haciendo aguas los planes gubernamentales.

A la desdicha productiva se suman desafíos propios de cada sector, como las enfermedades de los crustáceos, las vedas de pesca y la amenaza de las naves industriales ante la línea costera de 8 millas que está reservada para los pescadores artesanales. El impacto de estas fugas resulta agravado por la inseguridad marítima que, por otra parte, redunda en ese quiero y no puedo de lanzar a Ecuador como potencia turística mundial, pese a contar con exóticos manglares, playas inexploradas, ‘tours’ de buceo y otros varios atractivos del agua.

Además de la ineficacia de las medidas -ofrecidas unas y aplicadas otras- para asegurar la navegación marítima y fluvial con fines productivos o turísticos, aparecen ahora intereses encontrados que dejan a la luz un cuestionable manejo de los recursos. Desde el Gobierno se menciona una entrega de capital durante años dirigida a compensar las pérdidas de los negocios más modestos, pero ese dinero, según las denuncias, se distribuyó en función de criterios gremiales distintos. Todo, como en otros ámbitos, con una ceguera en el control que dejó fluir durante años la fuente perjudicial.