Sala ratifica fallo de Terrabienes

Con un collarete por una operación en la cervical y apoyado de un bastón, Juan Noriega esperaba impaciente el veredicto que le podría devolver -a sus 79 años- la esperanza de recuperar los 25.000 dólares que invirtió en la compra de una casa en la urbanización Veranda del Río.

No era el único que -la mañana y tarde de ayer- aguardaba afuera de la sala 109 de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Decenas de personas estaban a la espera de que jueces de la Sala Especializada Penal se pronunciaran con respecto al recurso de apelación que se presentó en contra de la sentencia que -el pasado 4 de marzo- recibió Jorge Ortega Trujillo, gerente de la inmobiliaria Terrabienes.

La espera terminó pasadas las 16:00, cuando la jueza Beatriz Amores dio a conocer la resolución. Por unanimidad, la Sala rechazó los recursos de apelación a la sentencia y confirmó la pena de 10 años impuesta a Ortega.

El fiscal Walter Jaramillo pedía que se aumentara la condena que el Octavo Tribunal Penal del Guayas impuso al empresario, por el presunto perjuicio a más de 1.200 familias que invirtieron en la adquisición de viviendas.

El funcionario solicitaba una sanción de 13 años cuatro meses de prisión, al observar que el tribunal no consideró las agravantes que se presentaron en contra de Ortega. Entre ellas, “haber cometido la infracción con fraude, perjudicando a personas protegidas por la Constitución (grupos vulnerables), y el número de personas (perjudicadas)...”.

En menos de cuatro horas (de 08:15 a 11:29), la Sala escuchó los argumentos, tanto del representante de la Fiscalía, como de la defensa del acusado y de los acusadores particulares.

En la parte final, los abogados Ramón Echáiz, Mónica Palencia y Aníbal Quinde expusieron los argumentos en los que fundamentaron el recurso de apelación a la sentencia impuesta a su defendido.

Si bien reconocen que hubo un incumplimiento de contrato, consideran que aquello no debió reclamarse por la vía Penal, sino Civil.

Uno de los exponentes señaló que no existían agravantes y que no estaban de acuerdo con ningún tipo de pena, porque “el señor Jorge Ortega siempre estuvo al frente del hecho”.

La defensa también cuestionó que parte de la sentencia del tribunal cita pensamientos o doctrinas de autores que no corresponden y hasta de un estudiante universitario de nacionalidad española.

Para el abogado Echáiz, la sentencia emitida por el tribunal es inconstitucional e ilegal, por cuanto la existencia del supuesto delito fue antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por lo que debió tramitarse el proceso con el anterior Código Penal.

Según el jurista, tenían preparado dos propuestas de solución, cartas de intención que fueron “satanizadas” antes de hacerse efectivas.

Eddy Espín, representante de los perjudicados, aseguró que se reunió once veces con la parte acusada, pero que “las once veces han sido puro engaño, falsas expectativas... no hay ningún arreglo, desde marzo (que se dio la sentencia) no hay la mínima intención de solucionar...”.

Antes de conocer el veredicto, Espín esperaba que el fallo de la Sala sea ejemplarizador, pues lo que esperan es el resarcimiento integral y que les devuelvan el dinero que invirtieron en la compra de una casa, además de la nulidad de los pagarés que firmaron por el resto de la deuda.

Según sus cálculos, el perjuicio ascendería entre 25 a 30 millones de dólares. Pero la Sala lo calculó en $ 24 millones, lo que será repartido entre los 1.200 perjudicados. Labor que deberá ser ejecutada por el Octavo Tribunal Penal.