El regreso de la represion

Gobiernos de todo el mundo están tomando medidas draconianas contra las organizaciones civiles, desde aprobación de leyes restrictivas y obstáculos burocráticos, hasta campañas de difamación, censura y represión lisa y llana por parte de agencias de inteligencia o la policía, en un intento de interferir con el trabajo de activistas políticos, sociales y ambientales, a un grado que no se veía desde la caída del comunismo. Los gobiernos aducen toda clase de razones (como temor al terrorismo) para justificar la represión de ONG y otras asociaciones civiles. Pero lo cierto es que las amenazas a la seguridad (que pueden ser reales) no son excusa para convertir a todas las organizaciones independientes en sospechosas, como pretexto para silenciarlas o prohibirlas. Esta preocupante tendencia no parece ser un fenómeno pasajero, sino signo de cambios profundos en la geopolítica internacional. Uno de los más importantes es el creciente énfasis de las economías emergentes (de Egipto a Tailandia) en la “soberanía”. Con la excusa de protegerla, hoy gobiernos de países en desarrollo y emergentes han adoptado una actitud mucho más desconfiada que en los noventa respecto de las transferencias de efectivo desde países ricos, destinadas a promover, por ejemplo, procesos de democratización. Cada vez más gobiernos del sur global ven esas ayudas a ONG locales como interferencia indebida en sus asuntos, y buscan mantener o recuperar el control total de los flujos de efectivo desde el extranjero, especialmente si van destinados a actores de la sociedad civil, cuyos vínculos internacionales los hacen sospechosos de conflicto de lealtades. Así, dichos flujos y las conexiones entre ONG nacionales e internacionales, fundaciones y otros donantes externos son sometidos a un escrutinio cada vez más estricto. Entre los instrumentos más notorios para vigilar o impedir el trabajo de estas organizaciones está el uso de leyes que restringen o prohíben la provisión de financiación extranjera a ONG. Unos cincuenta países de todo el mundo tienen leyes de ese tipo ya aprobadas o en consideración. También hay represión estatal de los movimientos sociales populares. Pero en vez de inclinarse ante la presión popular, en muchos casos las élites políticas y económicas han preferido reprimir directamente las protestas. En todos estos casos, el objetivo es el mismo: conservar el poder político, proteger los intereses económicos de los más poderosos, o ambas cosas. Los actores de la sociedad civil pueden y deben incomodar a sus respectivos gobiernos. Son vigías de la política oficial, que llaman la atención sobre hechos negativos, inician y focalizan el debate público y ofrecen alternativas sociales y políticas. Las ONG siguen siendo convocadas a participar en procesos políticos multilaterales, por ejemplo para ayudar a implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas o garantizar el cumplimiento del acuerdo climático de París.

El problema de la reducción y el cierre de espacios para la sociedad civil debe incluirse en las agendas de los parlamentos nacionales, las organizaciones multilaterales y los procesos de negociación internacionales. Las libertades de opinión, asociación y reunión son la esencia de la democracia. Todo intento de limitarlas debe ser visto como una afrenta a todos los gobiernos democráticos y a la cooperación global, que es preciso detener.

Project Syndicate