Empleo y regimen laboral

Las evidencias son contundentes. Más de un millón de ecuatorianos han tenido que emigrar al exterior en busca de la oportunidad de empleo que el país les negó; la mitad de la fuerza laboral tiene lo que eufemísticamente se conoce como “empleo inadecuado”, y la estructura de los sueldos y salarios no impulsa la competitividad del país. Las estadísticas de participación laboral son poco útiles para medir la condición del empleo pues, aparte del problema de medición y de metodología, las respuestas existentes carecen de normatividad alguna. No ha lugar pues vanagloriarse de que la situación laboral está mejorando: no lo está.

La legislación que ampara el régimen laboral ha perseguido el objetivo supremo de la estabilidad en el cargo. La consecución de tal objetivo, de cuya legitimidad no dudamos, tiene sin embargo costos asociados. Las leyes y reglamentos protegen a quienes ya tienen empleo y limitan el acceso de los que quieren tener ventajas similares. El empleador debe medir cuidadosamente el costo real del factor trabajo que incluye, además de los sueldos y salarios, los beneficios de ley, incorporando la previsión social que representa una carga del 10 % adicional, aparte del 15 % de las utilidades.

Más aún, los trabajadores no pueden ser medidos con la misma vara. La meritocracia y la productividad no existen en el régimen laboral que implícitamente premia a los menos productivos y capaces. La “estabilidad” se traduce en costos adicionales que limitan la creación del empleo productivo pues, quienes deben pagar las cuentas, toman en consideración todos estos factores al momento de decidir si emplear o no, y en qué términos y condiciones, a un aspirante al trabajo.

El régimen laboral importa porque el empleo productivo es la variable que vincula lo económico con lo social.

La flexibilización del régimen implica, como alternativa al deterioro presente, la creación de más empleos, el ejercicio de la libertad por parte de empleadores y empleados para tomar óptimas decisiones, y la puesta en vigencia de mecanismos de protección que permitan ampliar la oferta de trabajo a más ecuatorianos.

¡Es una discusión nacional requerida por estar en la base del desarrollo sustentable y equitativo!