Las deudas pendientes del anterior Gobierno se incrementan. En esta ocasión se trata de las asociaciones y gremios de recicladores. Este sector, que en el Ecuador aglutina a más de 20.000 personas dedicadas a este oficio, insiste en su reclamo para que su trabajo sea reconocido.

Ellos el pasado 1 de marzo conmemoraron el Día Mundial del Reciclador, fecha que aprovecharon para plantear nuevamente sus aspiraciones de formalizar su labor accediendo a derechos y beneficios que les permitan trabajar de manera digna.

La presidenta de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador (Renarec), Laura Guanoluisa, afirmó que su lucha está centrada en lograr ser reconocidos formalmente como prestadores del servicio público de reciclaje. A escala nacional, ellos recuperan la cuarta parte de los residuos que pueden ser reciclados.

Carmen, de 56 años, quien no quiso dar su apellido, trabaja reciclando lo que encuentra en los basureros de la ciudad. Ella es madre de tres hijos, dos mujeres y un varón, y no pertenece a ninguna asociación. “Es un trabajo duro que empieza en la madrugada para lograr recoger lo que avanzamos, porque hasta en este negocio hay competencia. Buscamos cartón, botellas, y por revisar las fundas de basura recibimos insultos y la gente nos denigra. No entienden las necesidades que pasamos, pero el tener este ingreso me ha ayudado para que mis hijos sigan la escuela y el colegio”, contó a EXPRESO.

La señora Elsa, como le dicen varias de sus amigas que también son recicladoras, afirmó que mantienen una dura pelea con los policías municipales en todas las ciudades. “Ellos nos están vigilando y no nos dejan que revisemos los botes de basura. Dicen que dejamos regando todo, cuando no es así. Nosotros llevamos otras fundas y recogemos todo, porque sabemos que así los propietarios de las casas no se enojan y a veces sacan la basura ya reciclada”, manifestó.

Ellas consideran que su trabajo debería ser reconocido y así poder acceder a beneficios que tiene cualquier otro trabajador.

Laura Guanoluisa trabaja en eso. Sus planteamientos se enmarcan en cuatro puntos: el reconocimiento y registro por parte de los Municipios a las asociaciones de recicladores para operar centros de acopio e introducir sistemas de recolección de material de reciclaje a pie de vereda y puerta a puerta; acceso a una compensación o pago por las toneladas de residuos recuperados; acceso a la seguridad social y a crédito en condiciones favorables a su realidad y emprendimientos; y capacitación y equipamiento con centros de acopio, transporte, maquinaria e implementos básicos para su operación.

Guanoluisa recordó que estos planteamientos fueron presentados al expresidente Rafael Correa el 15 de marzo de 2015, pero a pesar de las ofertas no se han cumplido.

“Estos pedidos fueron presentados en 2015 al anterior Gobierno. Sin embargo, a pesar de los compromisos, no hubo resultados”, lamentó la dirigente.

Además plantea que de manera urgente se tramite el proyecto de Ley de Reciclaje que propicie el reconocimiento del oficio y la certificación de sus competencias laborales y que asimismo fije normas claras para su inserción dentro de los sistemas de recolección de residuos y el mercado de reciclaje.

“Eso permitirá que, a mediano plazo, puedan integrar empresas de reciclaje que presenten su servicio formalmente y realicen venta directa (sin intermediarios) de los materiales a las industrias recicladoras”, sentenció.

Para los próximos cinco años, Renarec espera, además de la formalización de su labor, lograr que al menos el 30 % de los recicladores se asocien a una organización, con el fin de lograr mayor participación en las decisiones referentes a la gestión de residuos.

Además esperan que los Municipios lleven adelante campañas de concienciación ciudadana para que se motive la separación de desechos en la fuente, lo que debe acompañarse de un sistema de recolección diferenciada.

Deudas

Parroquias: El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare) reclama el aumento del presupuesto que se les ofreció desde el anterior Gobierno para seguir trabajando.

Transporte: Las federaciones de transporte interprovincial e intraprovincial reclaman la falta de pago del subsidio estatal por la tarifa especial del 50 %. Desde el 2015 se les adeuda $ 79 millones.