Radioscopia a un negocio que factura $ 500 millones por ano

Mario Avilés Sánchez avilesm@granasa.com.ec Guayaquil

Cerca de una treintena de empresas que ofrecen en el Ecuador servicios de medicina prepagada y seguros médicos deberán remitir, al Ministerio de Salud, el registro de sus clientes y la cartera de servicios, en un plazo de 30 días luego de que empiece a regir una nueva ley para ese sector, que reemplazará a la vigente, promulgada en 1998.

Será el inicio de un proceso de control y regulación del Estado a un negocio que ha experimentado un sostenido crecimiento en los últimos años.

Son, en números redondos, un millón de ecuatorianos que hoy están afiliados a un plan de servicio en salud que prestan esas compañías, de acuerdo con un estudio de la cartera del ramo.

“Los años de la dolarización de la economía significaron una consolidación y expansión de ese sector que, hasta el momento, goza de un amplio margen de maniobra, porque su regulación es floja”, dice a EXPRESO el economista Pablo Dávalos Aguilar, catedrático universitario e investigador.

El mercado de la medicina prepagada creció de una facturación de 279 millones, en 2011, a cerca de $ 450 millones en 2014, a un promedio de 9,7 % anual, de acuerdo con un estudio del sector del aseguramiento privado de la salud, que Dávalos recoge en un libro recientemente publicado.

Tres empresas de medicina prepagada concentran el 59,73 % de ese mercado, refiere el texto. Anota que es una industria cuyo target siempre está en los sectores de mayores ingresos económicos, y que el perfil del quintil de ingresos más altos es básicamente urbano y está concentrado en Quito.

La tarifa mensual más barata para ingresar al sistema de medicina prepagada es de 30 dólares. La investigación encontró que el negocio se concentra en el quintil de ingresos más altos y deriva aquellos casos más problemáticos hacia el régimen contributivo obligatorio (el seguro social).

De otro lado, 9 compañías aseguradoras operan en el ramo de asistencia médica. En 2015 facturaron $ 65,2 millones por ese rubro, mientras que a junio de este año las ventas alcanzan $ 31,3 millones, según reportes de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg) entregados a este Diario.

La asambleísta Pamela Falconí, quien presentó en 2014 el proyecto de ley que pronto regulará al sector en cuestión, afirma que la procuración mayor ha sido el segmento de la medicina prepagada.

“Durante 30 años se han manejado sin control de ninguna autoridad. Eran los únicos que no eran regulados y son más de 300 millones de dólares anuales que facturan”, señala.

Hasta el cierre de este artículo, EXPRESO no pudo obtener un pronunciamiento de la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Medicina Integral Prepagada (Aeemip). Su representante, Jorge Izurieta, se encontraba fuera del país.

A Patricio Salas, secretario ejecutivo de la Fedeseg, le preocupan algunos puntos de la nueva ley. Indica que no todas las propuestas y sugerencias para el proyecto que presentó el gremio fueron recogidas.

Cita, por ejemplo, que desconocen los estudios del impacto económico que se va a generar por la inclusión de coberturas y condiciones en los planes actuales. “Si existen, la comisión (legislativa) no los hizo públicos”, destaca.

Por ello, deja abierta la posibilidad de que se encarezca el servicio que ofrecen las aseguradoras y, por añadidura, que se lo deje de contratar. Según Salas, los resultados serían adversos a la aspiración gubernamental de que más ecuatorianos tengan acceso a la salud.

“La situación económica de las familias no es la mejor y eso, desde el año pasado, viene impactando el consumo de este tipo de servicio”, agrega.

El dirigente afirma que las empresas revisarán oportunamente la incidencia de la nueva legislación en sus planes actuales y tomarán las decisiones que les convengan.

El nuevo marco regulatorio

Pamela falconí, legisladora

Dentro del nuevo enfoque, beneficia a los usuarios, pues ahora se incluyen enfermedades que antes ningún plan de medicina prepagada las cubría. A los afiliados nos da la posibilidad y la tranquilidad de que si tenemos un reclamo ya hay dónde acudir, si es en el tema sanitario al Ministerio de Salud, o si es por cobros indebidos, a la Superintendencia de Compañías.

Patricio salas, FEDESEG

Por el interés de beneficiar al público, se puede generar un encarecimiento del servicio que motive a que se lo deje de contratar, lo que producirá un efecto negativo en el acceso de la población a la salud, contrario al interés del Gobierno. A mayores prestaciones de los asegurados, existen mayores egresos del sistema.