En los últimos meses el país ha sido testigo, uno tras otro, de graves escándalos de corrupción, desde el caso Vallas o los terrenos de Joaquín Villamar, en la Alcaldía de Guayaquil, pasando por los casos Sucre, Alcolisti y el más reciente: los negocios aparentemente ilegales en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). Estas tramas develan la profunda afectación de los cimientos del Estado de derecho.

Frente a este escenario, Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), dice que la sociedad civil debe organizarse ante “los atropellos del poder”, con el objetivo de precautelar los recursos que les pertenecen a los ecuatorianos.

“La sociedad debe participar activamente en la contraloría social. No hay que esperar a la Contraloría, no hay que estatizar, sino que la ciudadanía debe, con una voluntad cívica y ética, realizar las tareas anticorrupción en todos los niveles”.

Rodas señala que un mecanismo efectivo en contra de los corruptos se ejerce desde el ámbito electoral. “Hay que castigarlos en las urnas”.

En su experiencia, la Comisión Nacional Anticorrupción ha demostrado desde hace siete años que el compromiso de la gente puede tener impacto. “La peor lucha contra la corrupción es hacer de un caso particular un instrumento mediático, político o electoral. Porque muchos denuncian, pero si quieren participar, que lo hagan separándose de esos fines”.

Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, es más pesimista. Para él, si la gente tiene necesidades apremiantes, como alimentarse o llegar a fin de mes, la lucha anticorrupción pasa a segundo plano. “Cuando hay prioridades urgentes, como llevar pan a la casa o llegar con vida, (la población) no está pensando en montar un observatorio o denunciar nada”.

Para Alarcón, la gente no ejerce su voto como una herramienta de castigo a los corruptos. “Tenemos la Asamblea que tenemos porque con nuestros votos los pusimos allí”.

Patricio Coba, coordinador del barrio 29 de Abril y exdirigente de la Asamblea de Quito, dice que la primera arma es el voto. “El ciudadano debe rechazar al candidato corrupto”. La segunda herramienta es la organización y la participación ciudadana. Sin embargo, resalta que muy pocas personas están interesadas en formar una veeduría. “Piden muchos requisitos y el ciudadano no tiene tiempo para hacer esa tramitología”. La tercera herramienta es la protesta por redes sociales. A su criterio es la más utilizada, porque la tecnología permite evidenciar las negligencias y actos ilícitos.

• Acción. La CIDH dice que la participación ciudadana legitima las políticas anticorrupción y es un instrumento que da efectividad a estas políticas.

Elecciones

Para las elecciones seccionales de febrero hay postulantes procesados penalmente por supuesta delincuencia organizada, peculado, sentenciados por narcotráfico, asesinato, glosados, deudores. El Código de la Democracia permite esa participación, pues solo se pierden los derechos políticos cuando la sentencia está en firme.

Canales

La tecnología es un aliado para el inicio de investigaciones. La gente puede exponer en redes sociales su caso, ya sea un mal servicio público, un funcionario déspota, una injusticia o una trama más grande, indica el informe ‘Corrupción y Derechos Humanos: estándares interamericanos’, de la CIDH.

Organización

El Consejo de Participación Ciudadana pide una lista de requisitos para conformar una veeduría. Entre estos, un acta de constitución, certificado de votación, carta de delegación en caso de actuar en representación de organizaciones sociales, etc. Muchas veces estas veedurías se conforman con fines políticos.