Petroecuador presentó la denuncia formal en la Fiscalía en contra del asambleísta de Revolución Ciudadana Yoffre Poma y del prefecto de Sucumbíos Amado Chávez. Ellos fueron detenidos la noche del 7 de octubre en delito flagrante tras liderar la toma, por parte de unas 130 personas, del campamento Sote en la vía a Lago Agrio, kilómetro 1.

La estatal solicita que se investigue el presunto delito de sabotaje en el que estaría involucrado el asambleísta, el prefecto, concejales municipales y otros actores políticos. La irrupción que generó daños a seguridades, puertas, roturas de vidrios del archivo y paralizó los servicios por más de dos horas inició a las 18:42 de este lunes 7 de octubre.

Se reportó que al menos seis personas, entre ellas una mujer, ingresaron al mando del Sote y habrían obligado a los encargados del Sistema del Olecoducto que paralicen o suspendan las actividades incurriendo en el presunto delito de sabotaje por la paralización del servicio de más de dos horas. Se acusa a los que irrumpieron en las instalaciones del Sote de amedrentamiento sicológico hacia las personas que laboraban en el lugar.

Casi un millón de dólares en pérdidas para la estatal se habría registrado tras la incursión liderada por Poma y Chávez. Por el fuero del que goza el legislador el caso debe llevarse en la Fiscalía General del Estado. Por ser asambleísta Poma también tiene inmunidad que es un privilegio garantizado por la Constitución para salvaguardar el ejercicio de sus funciones.

El exfiscal Pablo Encalada considera que la única excepción para el juzgamiento de asambleístas es la flagrancia y se le deben formular los cargos en la Corte Nacional, dentro de las 24 horas de la detención que concluyen cerca de las 20:00. Hasta el momento en el sistema de la Función Judicial no se refleja aún ningún pedido de la Fiscalía para la audiencia de calificación de Flagrancia.